Como si el estado fuera una propiedad particular y no un patrimonio común, a fuerza de discursos y reuniones bobas, esos funcionarios impulsan medidas derivadas de supuestos consensos edulcorados, cuando en la realidad hay intereses contrapuestos y prioridades diferentes que no se exponen con claridad.
Niegan la necesidad de un debate sobre ciertas cuestiones que es necesario consolidar.
Disimulan la disputa entre modelos antagónicos que son parte de una batalla cultural más amplia.
De este modo, la realidad se convierte en una materia plástica de verdades a medias, de complicidades, implícitos, sugerencias, pequeñas o grandes mentiras, repetidas para modelar resentimientos acumulados y agitar las pasiones del todo o nada en esa opinión pública que pide y justifica normas de mano dura. 
Así, estos funcionarios angostan el campo del reformismo y  dilatan el terreno de la confrontación.
Hacen suponer que está impuesta entre nosotros una irreductible condición de convivencia irracional que alcanza periódicamente gestos brutales, los que al fin y al cabo serán investigados por jueces dilectos. Pero apenas para deshacer la situación, nunca la trama.
Con ese recurso rastrero perturban la credibilidad colectiva en la política democrática, porque la visibilidad y la argumentación ideológica son dos elementos sustanciales de la democracia.
El principal mecanismo de persuasión política debe ser el éxito en preservar los derechos del pueblo.
“La justicia dirá lo que quiera,  pero los que vimos lo que pasaba, sabemos la verdad, y sabemos que muchas cosas se engañan en los fallos.” (palabras del padre de un joven asesinado en Bariloche el 17 de junio de 2010)
Pero en simultáneo y a contrapelo de tanto desmotivo social, suceden planteos de alta densidad para la dignidad humana: la persistencia en no negociar el dolor y la verdad, configuran un panorama alentador. Así lo inscribieron en la historia nuestras Madres y Abuelas de la Plaza.
Se podría decir que una sociedad capaz de condenar una parte de su pasado criminal adquiere conciencia de sí misma. Pero una sociedad incapaz de sancionar los actos criminales del presente puede dilapidar aquel necesario reconocimiento.
Un año después del junio brutal de Dina Huapi y Bariloche, es importante acercar la revolución decente de valores que ofrecen Madres y Abuelas: una profunda evolución del concepto de derechos que eleva y fortalece el nivel de conciencia de los pueblos. Creyendo siempre en la posibilidad del amor y sus consecuencias.
Ellas no vengaron, porque entendieron antes que nadie, que no hay diferencia entre los muertos queridos, la diferencia está en los criminales.
Y la diferencia entre el asesinato del criminal de calle y el del estado criminal, no es apenas un cambio de grado, sino que se trata de un cambio de naturaleza.
En los tres casos del 17 de junio de 2010, y aunque nunca los encuentre la justicia, a los ojos de la existencia hubieron criminales de uniforme,  lo que implica una enormidad que el estado debe sanear de sí.
Porque es fundamental tener presente que sobre estos asesinatos y sus debidas responsabilidades obramos y decimos desde hace un año:  madres y padres, esposas y novias, hijos e hijas, hermanas y hermanos, amigos, multisectoriales y otras organizaciones sociales, partidos políticos, concejales y legisladores, jueces y fiscales, secretarías de derechos humanos nacionales y provinciales, defensores del pueblo de toda la Argentina, diputados nacionales y algún que otro ciudadano más del común, que quiere darle sentido a su buen cuarto de hora…, y ni uno solo de los funcionarios responsables fue despedido ni renunció.
Las medidas para resolver los graves temas pendientes no deben postergarse a la espera de un desenlace más catastrófico.
A corta distancia,  para muchos, esta situación representa el tipo de precio a pagar para vivir en una sociedad donde se pretende garantizar la seguridad.  Así: yendo más allá de lo humano y de lo legal, enfatizando un área borrosa que impide la distinción entre un linchamiento público y las ejecuciones del estado.
Sorprendente concepto de seguridad garantizada.
La seguridad es un derecho humano. Alcanzarlo debe ser la garantía de un estado de derecho, de la razón pública.
Como están dadas las cosas no nos puede sacar del temor a la delincuencia una fuerza pública que nos genera el resto del riesgo.
Al fin, en medio de esta difusa circulación de ideas, vale cerrar con lo que pudiera ser un intento de construcción colectivo entre partes en las que existen conflictos y diferentes voluntades, pero se coincide en revitalizar la autoestima del pueblo y valorizar sus relatos: días atrás y por expresa invitación del Director, recorrí el Penal N°3 de nuestra ciudad, como también lo hicieron antes y después seres queridos de reclusos y policías, jueces, procuradores, fiscales, sacerdotes, pastores y algunos defensores del pueblo, entre tantos otros.
Todas estas instancias institucionales conocemos el degradante estado, indigno a la condición humana, al que son sometidos los reclusos, tanto como el deplorable y humillante medio en que desarrolla sus obligaciones el personal penitenciario; el detalle es extenuante e implicará otras palabras pero… ni uno solo de los funcionarios responsables fue despedido ni renunció.
Creer en adecuar las fuerzas de seguridad para servir a un nuevo clima cultural y político del pueblo es posible, desde que debe ser posible la recuperación del delincuente.
La sumatoria de factores comunes de todos quienes estamos en estos espacios en donde el esfuerzo vale,  pesan en el mensaje para el porvenir.
Ningún futuro está cerrado
Vicente Mazzaglia
Defensor del Pueblo
San Carlos de Bariloche, 17 de junio de 2011