La población con discapacidad certificada en la provincia de Río Negro es de aproximadamente 14.000 personas. Este colectivo presenta particularidades que el Estado debe conocer para poder diseñar e implementar políticas públicas acordes a sus demandas y derechos. De todas las cuestiones que atraviesan a esta temática podemos mencionar problemas de discriminación, de cobertura de salud, accesibilidad e inclusión educativa, laboral y social.  

En el marco de la temática de inclusión laboral de las personas con discapacidad la Defensoría del Pueblo considera cree que las acciones tienen que ser coordinadas desde una instancia que pueda poner en marcha acciones integrales y además generar mecanismos de monitoreo sobre las mismas.

Desde la institución se viene trabajando en distintas líneas de acción para avanzar en la efectivización de derechos laborales de este colectivo.

Por ello, en primer término se procedió a recomendar al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, organismo del cual depende de manera administrativa y presupuestaria el Consejo de las Personas con Discapacidad, a que de cumplimiento a lo normado en la Ley 2055 en torno a la temática que se vincula con promover la inserción laboral mediante programas específicos, llevar un registro de postulantes con la calificación de la idoneidad y además, constituir equipos interdisciplinarios que realicen el seguimiento de las trayectorias laborales.

En segundo término, el Defensor del Pueblo, Gustavo Casas, resolvió comprometer a la propia institución en esta línea, determinándose la necesidad de iniciar un proceso de incorporación de personas con discapacidad a la propia institución.

En tercer lugar, mediante una iniciativa parlamentaria, Casas propuso establecer la incorporación obligatoria de personas con discapacidad con un piso mínimo del dos por ciento de las respectivas plantas de personal, cuando se deban cubrir cargos en los tres Poderes del Estado provincial, sus organismos descentralizados o autárquicos y las empresas del Estado.

“De esta manera se intenta visibilizar una problemática constante para este colectivo e  instalar la cuestión de la inclusión de cara a la responsabilidad que el Estado tiene con las personas con discapacidad en sentido integral”, expresó el Defensor del Pueblo.