Retomemos: la Ocupación del Barrio Santa Clara de Viedma, tuvo lugar entre el 15 y 19 de enero del año 2009. Al menos trescientas familias ocuparon la franja de tierra que va desde la Ruta Provincial Nº 1 hasta la calle Cardenal Cagliero, y entre las calles Sor Picardo y Pomona.
Los primeros días fueron difíciles. Cuando se produce un estallido social de estás características, aparecen a flor de piel y a la vista de cualquiera, nuestras miserias sociales más ocultadas como pueblo. Sin embargo, el poder político económico y sus parásitos siempre intentan sacar ventajas en estas situaciones.
Debemos recordar, y remitirnos a los archivos periodísticos de aquellos días. Entre el 20 de enero y 5 de febrero de 2009, tuvo lugar una encarnizada operación de prensa en contra de la Asociación Civil La Cantora –de la cual este cronista forma parte desde 1999-, y de las familias ocupantes más decididas a mantener la medida.
Los archivos hablan por sí solos. Tres años y medio más tarde, la realidad de los actores implicados también. Nada se dijo por entonces, de los camiones con logotipos del antiguo Ministerio de Familia, que en la madrugada, frecuentaban el sector “autoconvocado”. Tampoco de la continua violación al derecho a réplica –de máximo rango Constitucional-, para con los ocupantes o nuestra Asociación.
Lo cierto fue que la ocupación siguió adelante. Los juzgados civiles y penales en turno se vieron colmados de denuncias al respecto.
El fantasma de las “tomas” se hacía presente en Viedma nuevamente, cuando todavía estaba candente la ocupación del Barrio 30 de Marzo.
La crisis habitacional por la que atravesaba –y atraviesa- la ciudad, afloraba otra vez.
La Municipalidad, condenaba la ocupación del Santa Clara; aunque no prometía la intervención, dado que consideraba al hecho “como un conflicto entre privados”. Sin embargo, el viernes 30 de enero de 2009, se anunciaba en los medios locales, la presentación ante el Fiscal Ricardo Falca, solicitando la investigación penal de los dichos y supuestos hechos ocurridos en la nueva ocupación. Trámite que fuera complementado días más tarde, por la entonces presidenta del Concejo Deliberante, Hilda Schlitter.
Solapadamente, la Municipalidad, acusó recibo de la emergencia social, realizando “la apertura de inscripciones para solicitud de lotes fiscales a partir del lunes 2 de febrero” de ese año, mediante resolución firmada por Roberto Arregui, quién en ese momento y transitoriamente, ocupaba la Secretaría de Gobierno.
En esos días, se radicaba también la demanda de desalojo en el Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, con sede en Viedma, a cargo por entonces del Dr Fermín Donate, bajo la carátula “Sucesores de Napp Somoza, Mario Alberto c/Intrusos, Ocupantes, Tenedores y/o quienes resulten responsable del uso y aprovechamiento de Inmuebles, Lotes y Finca s/ Desalojo”.
Inmediatamente comenzaron las acciones y notificaciones judiciales. Al mismo tiempo, el horizonte señalaba para los ocupantes, un camino plagado de sorpresas.
Un dato curioso: para fines de febrero ya no había visitas nocturnas de vehículos oficiales, promesas pre-electorales, murgas y arlequines. Las operetas cesaron y los intelectuales revolucionarios regresaron a la Sierra Maestra.
Solo quedaron los nuevos vecinos y su organización para la limpieza del basural.
Cuarta entrega: La intervención de la Comisión Nacional de Tierras. El rol del ejecutivo. Las primeras sorpresas de la piñata.
La ocupación del Barrio Santa Clara tuvo lugar en enero de 2009. Al menos 300 familias se acercaron al lugar, en busca de un pedazo de tierra para construir su vivienda. En el capitulo anterior, comenzamos a contar los pormenores de la causa judicial que se desarrolla en el Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 1, en aquel momento a cargo por entonces del Dr Fermín Donate.
Por entonces, las acciones del expediente caratulado “Sucesores de Napp Somoza, Mario Alberto c/Intrusos, Ocupantes, Tenedores y/o quienes resulten responsable del uso y aprovechamiento de Inmuebles, Lotes y Finca s/ Desalojo” comenzaron con notificaciones de constatación, con el objeto de certificar se los terrenos reclamados estaban realmente ocupados. El 25 de marzo de 2009, desde el juzgado se citaba a comparecer a los demandados mediante edicto publicado en el Boletín Oficial.
Transcurría asimismo, el asedio mediático. Habían cesado las visitas nocturnas de vehículos oficiales, y el tráfico pre-electoral.
Por otra parte, los vecinos ocupantes iniciaban gestiones ante la Comisión Nacional de Tierras, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Nación, con el objeto de que dicho organismo tomara intervención en el caso.
Las tareas llevadas adelante por los funcionarios nacionales, consistieron en intentar la mediación y el diálogo de partes por un lado, y ponerse al tanto de la real situación dominial de la tierra en  conflicto. Vale decir que los funcionarios, también tomaron contacto con los expedientes judiciales en curso y los letrados actuantes.
En un primer diagnóstico de situación, la Comisión relevó una serie de datos.
Primero, la situación poblacional. Entre los años 2007 y 2009, 17.500 familias rionegrinas habían optado por la ocupación de tierras para solucionar sus problemas habitacionales y de acceso a la tierra y la vivienda, ante la falta de alternativas al acceso por medios convencionales y “legales”.
Alrededor de 1.000, lo habían hecho en la ciudad de Viedma, sobre un déficit habitacional por entonces de 2.500 familias, comparando estimaciones oficiales y de organizaciones sociales abocadas a la problemática.
Segundo, los funcionarios nacionales se encontraron con un profundo desconcierto de las autoridades del Ejecutivo provincial respecto de la problemática. No pudieron refutar las estadísticas, pero tampoco poseían alternativas de intervención. Meses más tarde, la mencionada Comisión Nacional, firmaría un convenio con el Consejo Asesor de Tierra, Vivienda y Planificación de la Provincia de Río Negro –compuesto por funcionarios de los tres poderes-, y del que hablaremos en la próxima entrega.
En tercer lugar, la Comisión al acceder al expediente de la causa en el Juzgado Nº 1, constataron la ausencia de título dominial por parte de los reclamantes. Solo constaba en él, un poder firmado a los abogados de parte, y una serie de fojas judiciales provenientes de un trámite de sucesión radicado en la ciudad de Mar del Plata, que se encuentra todavía trabado, entre otras cosas, por la ausencia de comprobantes de dominio.
Cuarto, los 183 lotes reclamados en el expediente, poseían para el mes de abril de 2009, una deuda por tasas municipales que ascendía en promedio a pesos quince mil ($ 15.000) por cada lote.
En síntesis, la condena social que pesaba y pesa sobre los ocupantes del Barrio Santa Clara, ha intentado tapar una extensa cadena de irregularidades jurídicas, ineptitud gubernamental para prevenir y tomar cartas ante la crisis: básicamente, el no cobro de las deudas con el Estado, ni la ejecución de las sanciones correspondientes.
No son las únicas irregularidades que condimentan esta novela. De a poco las iremos develando. Sin embargo, con los pocos datos arrojados, podemos afirmar una cosa: la ley siempre la debe cumplir el necesitado; nunca el especulador, nunca el evasor, nunca el responsable.
Santa Clara V: la historia del sello de goma
En la entrega anterior, informábamos que los ocupantes del Barrio Santa Clara, en Viedma, había solicitado la intervención de la Comisión Nacional de Tierras, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Nación, con el objeto de que dicho organismo asesorara a los ocupantes, y se priorizara la situación de crisis habitacional.
Las tareas llevadas adelante por los funcionarios nacionales, consistieron en intentar la mediación y el diálogo de partes. Además, se interiorizaron de la situación dominial del predio, y mantuvieron reuniones con distintas figuras del Estado rionegrino.
También se expuso que la Comisión relevó que entre los años 2007 y 2009, 17.500 familias rionegrinas habían optado por la ocupación de tierras para solucionar sus problemas habitacionales y de acceso a la vivienda, ante la falta de alternativas de hacerlo por medios convencionales. Asimismo, los sorprendió el desconcierto reinante dentro del denominado Consejo Asesor de Tierra, Vivienda y Planificación de la Provincia de Río Negro.
Este organismo había sido creado por Decreto del Gobernador Miguel Saiz, el 5 de agosto de 2008, luego de una cadena de ocupaciones de tierras en las principales ciudades de la provincia. Tenía como objetivos realizar el “diagnóstico” de la demanda de soluciones habitacionales en Río Negro, convocar a la participación de los actores involucrados en dicha problemática del Poder Ejecutivo, municipios, Poder Legislativo, colegios de profesionales y organizaciones no gubernamentales. Otra de las misiones del Consejo era la de crear el Banco de Tierra Urbana y Rural con “asesoramiento técnicos para aquellos municipios que no cuenten con recursos humanos especializados y analizar fuentes de financiamiento aptas para los objetivos propuestos”.
El Consejo además estaría integrado por los Ministerios de Gobierno; Hacienda, Obras y Servicios Públicos, y Familia, el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), la Secretaría General de la Gobernación, dos legisladores por la primera minoría y un legislador por la segunda minoría.
Una de sus primeras acciones fue solicitar a los municipios rionegrinos, información sobre disponibilidad de tierras y datos referidos a la situación habitacional.
Pasados pocos meses, sólo Luís Beltrán había respondido al requerimiento. El Concejo Deliberante de Viedma envió una declaración de emergencia habitacional para la ciudad. Algo similar realizó el municipio de San Antonio Oeste.
Días más tarde, se anunciaba que dada “la crisis habitacional desatada en la provincia podría generar expropiaciones de tierras para atender esa situación”. El Consejo Asesor, admitía que una de las claves también residía en la “regularización dominial” de las tierras, dado que parte de la información suministrada por los municipios giraba alrededor de la necesidad de ordenar la situación de escrituras.
Tiempo después, a través de declaraciones del entonces vicegobernador Bautista Mendioroz, el Consejo Asesor para la Tierra y la Vivienda, acordaba en la legislatura provincial “trabajar en una ley con el fin de buscar financiamiento para que Río Negro tenga un banco de tierras propio”. El mismo Mendioroz declararía que por entonces no alcanzaba “con los programas existentes para satisfacer esta demanda y como consecuencia se origina esta serie de asentamientos informales o tomas que está generando un conflicto que para el Parlamento rionegrino y su presidente debe ser considerado prioridad, por lo que debemos poner toda la energía para resolver este tema".
Ya en 2009, el Consejo Asesor de Tierra, Vivienda y Planificación de la Provincia de Río Negro, firmó un acuerdo con la Comisión Nacional de Tierras, donde la provincia y el Estado Nacional promovían conjuntamente la regularización urbana, social y dominial de las tierras fiscales nacionales, provinciales y municipales.
El compromiso sentaba las bases para abordar los conflictos en tierras de dominio privado aptas para el desarrollo de programas sociales y en las ocupadas por asentamientos irregulares, otorgando las tenencias dominiales y dándole lugar a las organizaciones sociales participantes.
La Administración Nacional, cumplió su parte del acuerdo, poniendo a disposición recursos, técnicos urbanistas, y letrados expertos en la materia. La provincia ganó tiempo, y a causa del desconcierto ante la problemática, transformó al Consejo en un sello de goma. Sin embargo, debe reconocerse a la gestión radical que al menos, reconocieron la existencia de la crisis habitacional, y no desviaron la atención con la existencia de supuestas “asociaciones ilícitas”.
Por Pablo Casals