20 diciembre 2012 Río Negro Comentar

Recordaron que el Gobernador de la Provincia declaró el 30 de mayo último la Emergencia Penitenciaria Provincial por el transcurso de un año, con el propósito de disminuir el nivel de conflictividad por los internos alojados en las cárceles rionegrinas y de esa manera mejorar de manera sustantiva las condiciones de detención en todas las Unidades Penitenciarias.

Según lo manifestado por el propio Gobernador esa declaración de Emergencia implicaría la inversión en el transcurso del año de una cifra extraordinaria de $ 29.563.000 para la reparación de la infraestructura carcelaria, alimentación de los internos y personal penitenciario y la compra de elementos de seguridad para todos los penales.

En el marco de aquel anuncio del Sr. Gobernador y la Emergencia Penitencia, los legisladores de la Concertación solicitaron que se los informe de que manera ha evolucionado el gasto extraordinario, modalidades administrativas para la ejecución presupuestaria de lo anunciado y destinos previsto para mejorar las condiciones de detención y así evitar mayor desborde y conflicto social, entendiendo que la declaración de la Emergencia se ha desarrollado con vistas a mejorar la calidad del Servicio Penitenciario Provincial sustancialmente y en todas sus formas.

Expresaron los autores del pedido de informes que “en estas instancias del año los conflictos, peleas, fugas e incidentes en los penales son cada vez mas reiterados y permanentes y el nivel de conflictividad se ha vuelto ascendente, con el antecedente de tener en el transcurso de este año la muerte de un interno en el establecimiento de Cipolletti en situaciones poco claras, con la cantidad innumerables de agresiones y peleas entre los internos e intentos de fuga en las diversas Unidades que conforman el Servicio Penitenciario Provincial, y sobre todo y particularmente en el establecimiento de Ejecución Penal N°2 de la ciudad de General Roca, donde la situación de alojamiento para los internos se ve agravada en el transcurso del tiempo y donde se encuentran la mayor cantidad de internos condenados y procesados.

Opinaron que la situación mencionada “vuelve absolutamente necesario que desde el Estado Provincial, a través del Ministerio de Gobierno, se dé garantías y cumplimientos que eviten desbordes o situaciones que agraven las condiciones de detención de la población Penal”.

“Es nuestra obligación e interés como legisladores que el Proceso de Ejecución Penal se desarrolle en un Estado de Derecho absoluto y sin dudas es desde el respeto por los derechos humanos y el cumplimiento irrestricto de sus garantías jurídicas, en que los internos que deben ser alojados en los Establecimientos Carcelarios, sin olvidarnos que debe irrenunciablemente el Estado propiciar el proceso de reinserción social y de esa forma dar cumplimiento irrestricto a los preceptos de nuestra Constitución Nacional y Provincial en materia Penitenciaria”, mencionaron para finalizar los legisladores de la Concertación.