También participaron del encuentro, técnicos de las dos instituciones con sedes operativas en todo el territorio provincial que viajaron especialmente para la ocasión.

En la reunión se logró viabilizar la toma de decisiones conjuntas interinstitucionales e interprovinciales reformulando la dinámica del control sobre las instalaciones de los emprendimientos petrolíferos.

Además, se remarcó la responsabilidad legal de cada una de las partes ante un incidente petrolero y la metodología de aplicación de multas en los casos de contaminación de cursos de agua debida a las negligencias de las empresas responsables de las operaciones, las que pueden llegar hasta un monto de cinco millones de pesos o hasta cinco veces el valor que tenga la remediación que deba realizarse como consecuencia de los daños causados.

De esta manera se ve eficientizada la acción de contralor y fiscalización que debe ejercer y ejerce el Estado provincial.

La importancia de esta reunión reside en la alta sensibilidad del recurso de que se trata, el agua. El impacto sobre el agua en la actividad petrolera es tal que puede afectar tanto al agua superficial como de napas subterráneas. Si bien históricamente las provincias involucradas en las cuencas de los ríos que cursan la provincia de Río Negro operaron con una eficiencia cada vez mayor, se impone una acción conjunta cada vez más estrecha.

En este marco se definió llevar adelante una próxima reunión en el mes de febrero donde se evaluará el estudio particularizado con asistencia de especialistas de nivel nacional respecto de la metodología de extracción no convencional shale-oil.

A su vez, el DPA aportará sus instalaciones en la localidad de Catriel como sede permanente de la Unidad Operativa Conjunta DPA-MA.