Hoy, a treinta años de democracia, no es temerario afirmar que, la Argentina es parcialmente representativa, pobremente republicana y para nada federal. Más bien, estamos transitando una etapa cuasi unitaria.

Sobre la representatividad y la república nos hemos referido en otras ocasiones. El motivo del presente es poner la lupa en el deterioro acelerado del federalismo.

Las provincias argentinas han perdido margen de maniobra y autonomía frente a un gobierno nacional que, contra lo que nuestra Carta Magna establece, concentra cada vez más poder discrecional y cada vez más recursos.

Existen innumerables trabajos técnicos que demuestran que, por cada cuatro pesos, el gobierno central se queda con tres y las provincias en su conjunto, con uno. Es decir, el gobierno nacional se apropia del 75% de los recursos que ingresan a sus arcas y coparticipa solo un 25%. Esto, va de suyo, es violatorio de las cláusulas de la ley 23.548 de Coparticipación Federal original y hasta del mínimo establecido por la misma que fija que, las provincias deberán recibir de todos los recursos que ingresan a la “caja” nacional, por lo menos un 34%.

Las obras públicas las realiza en un 80/90% el gobierno nacional, las retenciones a las exportaciones sólo se coparticipan en un 30%, del “transitorio” Impuesto al Cheque se transfiere solo un 15% efectivo, los ATN (Adelantos del Tesoro Nacional) que son provinciales, no se distribuyen y así podríamos seguir con muchos más ejemplos. Si esto no es centralismo a ultranza, unitarismo despiadado, ¿qué es?

Ni que decir que los Estados subnacionales (provincias y municipios) no poseen ni el Banco Central (“la maquinita”), ni los fondos de la ANSES, etc..

O sea que, mientras que la Nación (ya sea teniendo déficit o superávit de sus cuentas), se queda con la mayoría de los fondos de TODOS los argentinos, mientras que provincias y municipios, o caen en déficits y deben arreglárselas como puedan o deben ir a mendigar favores políticos a los despachos de los funcionarios nacionales para recibir un peso.

Esto es muy grave si además le sumamos que, pese a que se ha salido de la convertibilidad hace 12 años y se han eliminado las AFJP's (o sea que el sistema previsional es nuevamente estatal), los gobiernos provinciales que en su momento cedieron porcentajes importantes tanto del Impuesto a las Ganancias como del I.V.A. para financiar el pago de jubilaciones, no han recuperado dichos porcentajes que se detraen de la masa primaria de recursos que es la base de cálculo y distribución de los fondos a coparticipar “aguas abajo” y que se han reclamado por algunas provincias hasta en los estrados judiciales.

Y claro, es que la madre de todos los problemas, es que Argentina le “debe” a su cuerpo normativo, una nueva ley de distribución de fondos (Coparticipación Federal de Impuestos) desde hace nada más y nada menos que 16 años. Existe un serio, un grave problema de federalismo fiscal en nuestro país y, como todos sabemos que, para llevar adelante políticas públicas para prestar los servicios que son indispensables para el bienestar de la sociedad, hace falta dinero, se concluye que, lo que existe es un muy grave problema de falta de federalismo que con el paso del tiempo, corre aceleradamente hacia un pronunciado unitarismo político, económico y social.

Por ende, un gobierno nacional cada vez más poderoso con provincias cada vez más débiles, es caldo de cultivo para la sumisión, la arbitrariedad, el clientelismo y el amiguismo político, lo que vulnera los más elementales principios de autonomía, soberanía y los derechos de los ciudadanos que residen en las últimas. Así al que es “amigo” de la casa rosada la puede pasar bien y al que no lo es o piensa distinto, el desierto.

Todo lo cual pone en serio peligro la paz social y la construcción de ciudadanía en pleno siglo XXI, luego de una década en la que los recursos fiscales se incrementaron como nunca en estos últimos treinta años, producto de un veloz crecimiento económico a tasas “asiáticas”.

Nuestra provincia, Río Negro, en los últimos 10 años y para ser prudentes en la estimación, ha dejado de percibir por lo menos, cerca de diez mil millones de pesos, producto de todo lo dicho anteriormente. Es una suma escandalosa y que muestra a las claras, lo que pudo haberse realizado en obras de infraestructura básica, en escuelas, hospitales, cárceles y demás, de haber sido otra la situación.

Queda demostrado con meridiana claridad, qué busca un gobierno nacional que “conduce” de ésta manera la relación fiscal con las provincias: acumular poder para perpetuarse en el mismo, a como de lugar.

Un aspecto, no menor, que no debe conducirnos a confusión y engaño, es el incremento nominal anual que se produce en las transferencias automáticas desde la Nación hacia las provincias y que se “vende” como mayores envíos de recursos de Nación; como un logro y una dádiva. Dado que la misma se justifica en el aumento que tiene hoy la recaudación nacional y que, entre otras causas, tiene a la inflación como un motor básico, esto no tiene nada que ver con el fondo de la cuestión. Pues si la masa primaria a distribuir, es cada vez menor, aunque lo que se reciba sea, nominal o realmente, mayor, lo que se deja de percibir por el aquel fenómeno, es la raíz del problema que, sí y solo sí, la política, a través del diálogo y el consenso, deben solucionar a través de la modificación de la ley nacional 23.548 y/o la sanción de un nuevo marco que regule la relación fiscal Nación-Provincias.

Por último, el gobierno de Río Negro, sus tres poderes, deben ponerse a la cabeza del reclamo al gobierno nacional para que corrija éstas distorsiones apuntadas, para denunciar el Pacto Fiscal de 1992 y sucedáneos y que la provincia vuelva a percibir lo que realmente le corresponde y merece, sobretodo en un año económicamente complicado. Esto es por el bien de todos los rionegrinos y no de un partido en particular.

Bautista Mendioroz, presidente del Bloque Alianza Concertación para el Desarrollo.