El encuentro se llevó a cabo en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de Bariloche y se extendió por más de dos horas.

“Es para destacar que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados esté desarrollando una política federal constituyéndose en las provincias para escuchar a las organizaciones no gubernamentales y a las agrupaciones que trabajan la problemática social y en la defensa y ampliación de los derechos. A su vez, es un orgullo que esté presente en Bariloche acompañando como asesor de la Comisión el Juez Baltasar Garzón un emblema en la lucha contra las mafias, las dictaduras y la corrupción internacional”, recalcó el delegado rionegrino del INADI, Julio Accavallo.

Al comienzo del encuentro, el diputado Remo Carlotto, presidente de la
Comisión de DDHH, explicó que el objetivo del mismo: “La impronta de los Derechos Humanos a nivel nacional no se replica en las provincias. En cuanto a la trata de personas, por ejemplo, o la violencia institucional o la situación de los Pueblos Originarios. Por eso, la idea es hacer un relevamiento en cada una de las provincias”.

En primer lugar, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)  de Bariloche entregó una lista con las personas desaparecidas en la zona.

También reiteraron el reclamo de justicia por el asesinato de los tres jóvenes de Bariloche en junio de 2010 y pidieron el urgente esclarecimiento de la reciente agresión a jóvenes integrantes de una murga de Bariloche por parte de agentes policiales.

Luego, fue el turno de representantes de la Comunidad Mapuche: “Queremos
señalar que cuando contaminan el aire y el agua, lo contaminan para toda la comunidad”, señalaron. También tomaron la palabra referentes del Teatro por la Identidad, la Red por la Identidad de los Lagos, el Observatorio de Derechos Humanos, la Coordinadora de Estudiantes que reclamó “”un cambio de mirada del gobierno hacia la juventud”, CREARTE, Organización SER y una Asociación de Derechos Humanos de Bolsón y sur de Chubut que hizo  mención a los recientes allanamientos por casos de trata de personas en El Hoyo.

Por su parte, Alejandro Palma se refirió a los derechos de la infancia: “Tenemos una ley de la dictadura para tratar a menores que infringen las leyes penales. Necesitamos una nueva ley. Las requisas son una política cotidiana de avasallamiento contra los jóvenes de los barrios de Bariloche. También estamos en contra de ese proyecto de ley que establece instalar cámaras de seguridad en los jardines para monitorear a los niños.

Y por otro lado, en Río Negro no hay comunidades terapéuticas y en muchos
casos, nuestros niños deben ser trasladados a la provincia de Buenos Aires. Queremos que la provincia tome cartas en el asunto”.

Desde la Pastoral Carcelaria, se denunció que el Penal de Bariloche “es el penal en peores condiciones de toda la provincia”. “Aproximadamente entre 60 y 70 personas tienen entre 18 y 25 años. Son pobres y reincidentes.

Quieren estudiar pero apenas pueden terminar el primario. El secundario no
existe: sólo dan tres materias. Y en la biblioteca se han quemado todos los libros. No hay tratamiento de la salud. Las adicciones no se tratan. En cuanto a las cuestiones edilicias del Penal, son lamentables”, remarcaron.

Al respecto, Germán Schwartz, de Hijos Bariloche, hizo hincapié en la
necesidad de instalar cámaras en penales y comisarías. Ante esto, Baltazar
Garzón recordó que él mismo ordenó la instalación de “mecanismos de vigilancia” en España. “Hubo reticencias de jueces, de médicos forenses, de la policía y de algunos medios de comunicación hasta que comprendieron que de esta forma, se impedía la arbitrariedad, el maltrato y también en cierta forma implicaba protección para los funcionarios que hacían un buen trabajo”, afirmó.

Respecto al encuentro, Accavallo consideró: “En lo que hace al cumplimiento de los derechos humanos, se debe alcanzar un estándar mínimo en todo el país ya que hoy en algunos centros urbanos existe mayor control que en las zonas alejadas o rurales donde sigue imperando la ley de los más poderosos. En algunas situaciones como en el caso Solano de nuestra provincia está la sospecha de que la connivencia entre el poder económico y la policía habría provocado la desaparición del joven peón rural”.