Con el tema de la posible trata de personas y el debate sobre el ejercicio de la prostitución definitivamente instalados en la agenda institucional de la ciudad, el municipio de Bariloche tomó medidas en relación al funcionamiento de cabarets. En las últimas horas, a través de una Resolución, rechazó la apelación planteada por el dueño de la whisquería Caribe, que fue infraccionada y clausurada en marzo pasado. Desde entonces, y a pesar del incumplimiento de normas relacionadas con obras y planos, el local siguió funcionando. Pero ayer, en medio de la polémica tras la denuncia e intervención judicial, el Ejecutivo, vía Asesoría Letrada, rechazó la apelación y es inminente la clausura definitiva.

En tanto, esta madrugada -aproximadamente a la 1,30 horas-, inspectores municipales procedieron a labrar un acta de infracción y clausurar el local New Woman, también por violaciones a normativas vinculadas con la ausencia de habilitación comercial y problemas en los planos.

En el caso de Caribe, desde el Gobierno se destacó que “es la primera vez que desde su habilitación, en 1999, se hace algún tipo de acción”. Así lo indicó a ANB el secretario de Hacienda, Ariel Gomis, de quien depende el área de Inspección General.

Lo cierto es que la luego de la clausura -en marzo- la whisquería continuó abierta y recién en las últimas horas -con el escándalo instalado- se rechazó la apelación.

En ambos casos, la difusa legislación local en torno al ejercicio de la prostitución, así como las dificultades para acreditar la actividad, obligó al municipio a poner el eje de las inspecciones en otros aspectos como la falta de planos o declaraciones de obras.

Paralelamente a los operativos municipales, la publicación de ANB sobre la ausencia de adhesión municipal a la Ley provincial que prohíbe el funcionamiento de prostíbulos o cabarets desató cuestionamientos y cruces entre concejales y la legisladora Arabela Carreras. La parlamentaria había asegurado a este medio que el Municipio estaba en condiciones de adherir a la normativa, aunque la misma aún no haya sido reglamentada. Pero los ediles Leandro Lescano (Frente Social del Pueblo) y Alejandro Ramos Mejía (Partido Justicialista) le endilgaron -minutos antes del acto de recambio institucional en el Concejo- que fue precisamente ella quien les pidió no avanzar en el ámbito local, hasta tanto la Ley no estuviese plenamente vigente a nivel provincial.

Ahora, el Ejecutivo y el Concejo deberán unificar una postura sobre la legislación que prohíbe los prostíbulos, y determinar los mecanismos de aplicación de esa Ley. (ANB)