Para la abogada Falca hay “operadores” que interfieren en el cumplimiento de la sentencia

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Patricia Falca expresó que “el señor Sherriff padre, que no es mi cliente, vivió en La Pampa. Se casó con una señora, la mamá de mi cliente y lo tuvo al él. A quienes abandonó cuando mi cliente tenía dos años, después se vino a vivir a Viedma, por eso a esa parte de la historia nadie la sabe acá”.

“Pero su concubina, que es esta señora, la conocía. Porque mi cliente vino a ver a su a papa, no habrá venido mucho, no lo culpo eso. No sé qué cariño te puede inspirar una persona que te abandona junto con tu mamá, nunca te pasa alimentos, nunca te llama. Frente a esta situación yo inicio una causa de desalojo”, agregó.

En ese sentido manifestó que “mi cliente es el hijo legítimo de él, aunque no fuera legitimo es el hijo, y tiene un derecho preferencial sobre la casa antes que la concubina, porque la concubina no tiene derecho de propiedad ni de herencia. Lo que tiene son algunos derechos, por ejemplo como quedarse con la jubilación y eso nunca se lo discutió mi cliente”.

Asimismo señaló que su representado tiene Parkinson hace 17 años y que “tiene una situación bastante complicada porque en una enfermedad que no tiene cura, y por esa enfermedad se tuvo que jubilar a los 40 años y ganas 2.500 pesos por mes. A mí todavía no me pagó, me dijo hágame la gauchada porque una vez que tenga esta casa la pienso vender para ver si puede vivir un poco mejor”.

Más adelante comentó que “la persona a desalojar fue desalojada, apareció con su abogado, el doctor Gallego, contestó la demanda, hizo todo lo que pudo. Luego la Jueza tomó la decisión, salió la sentencia. El Código dicen que tiene que tener cinco días para desalojar, la doctora Calvetti le dio 40 días hábiles. Esta señora quiere quedarse, eso es lo que ella quiere”.

Después fue consultada sobre el motivo de la renuncia al patrocinio de su cliente, y Falca respondió que “frente a este panorama, cuando hay una sentencia firme, y una orden dada y no se cumple porque aparecen operadores que interfieren en ese cumplimiento, se produce una suerte de confusión. Porque no es que era un grupito, había funcionarios públicos del Ejecutivo, y nadie sabía que era lo que estaba pasando”.

“Yo me quedé sin letra para mi cliente, cómo le garantizo y le doy seguridad jurídica frente a todo lo que pasó, a lo que va a pasar si los funcionarios mismos están diciendo que lo que ellos quieren es que se dé marcha atrás con todo. Una cosa que no se puede hacer”, añadió.

Entonces indicó que “mi cliente venía a tomar posesión de la casa, a entregársela a una inmobiliaria para que se la venda y se iba. Frente a este panorama tenía que quedarse más tiempo, no tenía más plata para pagar su estadía y permanencia acá”.

Reunión de los vecinos

Esta situación serán tratada en una reunión convocada para este miércoles por diferentes instituciones intermedias y por el concejal del Frente para la Victoria, Lorenzo Córdoba.

La convocatoria, que también contará con la presencia de habitantes de dicho sector, se llevará a cabo en la sede de la Junta Vecinal del barrio Fátima, a partir de las 18. A la reunión fueron invitados los organismos oficiales de Derechos Humanos.

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