Son mas de tres años de trabajos, lapso en el que el peligro se ha puesto en cada metro de la trocha, abusando de la paciencia y necesidad de contar con una vía de comunicación que se ajuste a la densidad del tránsito y a las nuevas modalidades producto de nuevas explotaciones que requieren transportes de mayor porte.

Como atenuante se acepta que mejor corregir un proyecto cuando está en marcha, que hacer algo que cuando se termine ya esté superado por la demanda. Pero también se debe decir, que cuando se planifica y proyecta una obra vial, como en este caso, se deben tener en cuenta datos certeros sobre el uso actual y proyecciones hacia el mediano y largo plazo. Se trata de obras de vital importancia para una gran parte del país, que cuestan mucho dinero, como para improvisar y luego corregir sobre la marcha.

Pero este tramo de la ruta nacional 22, pareciera estar destinado a ser objeto de malversaciones de parte de funcionarios de distintas administraciones gubernamentales, sin distinción de encuadramientos partidarios.
Pasó con el peaje en el corredor 29, el tramo mas corto de los sometidos a cobro de peaje durante la década de los años 90, pero que concentró un sinnúmero de anormalidades y aprovechamientos de parte de la empresa concesionaria, sin que el organismo de contralor de los distintos gobiernos, hiciera lo necesario para evitarlo.

La concesionaria cumplió con muy poco de lo que se obligó en las condiciones de la concesión. En sucesivas renegociaciones, el Estado se fue haciendo cargo de los compromisos que asumía la empresa, en una relación de complicidad de difícil comprensión.
El tercer segundo puente fue construido en plazos que superaron largamente los plazos establecidos contractualmente; las mejoras en los tramos camineros cercanos a esas obras, fueron apenas superficiales; el tercer puente es otra obra inconclusa y otro relevo de responsabilidades empresariales, por parte del Estado.

Por lo menos desde 10 años antes de que terminara la concesión, desde las dos provincias –Neuquén y Río Negro- se hicieron reclamos por los incumplimientos. La respuesta oficial, desde Vialidad Nacional y el Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), fue el anuncio de multas, que siempre terminaron condonándose dentro de nuevas renegociaciones, que finalmente siempre tuvieron el mismo final.

Está claro, que la concesión del corredor 29, de la ruta nacional 22, fue un enjambre de hechos de corrupción, en donde la concesionaria nunca priorizó el desarrollo de obras para mejorar las comunidades regionales, sino estrictamente sus intereses particulares haciendo lo mínimo para lograr mayores beneficios. Pero en estos casos, siempre hay una contraparte que es la que permite en desarrollo de aquellas maniobras. Esa contraparte es el Estado, durante las administraciones de Menem, De La Rúa y todo el período de Néstor y Cristina Kirchner.

Hoy no hay peaje en la entrada de los puentes sobre el río Neuquén pero el caos en el tránsito tiene tanta magnitud como cuando existía solamente el viejo puente carretero inaugurado en 1935.

Es cierto que el parque automotor y la actividad en la región ha crecido en forma espectacular. Pero justamente, el plan de obras de interconexión y las complementarias, apuntaban a atender esta creciente demanda.
Las estructuras de hierro y cemento que servían al cobro de los peajes, hoy representan el monumento a algo que fue rentable para una empresa y algunos funcionarios y una rémora para la región. Un monumento más a la corrupción.