Muy lejos del ánimo de defender a los radicales, debe decirse que en la información brindada se obviaron detalles que relativizan la afirmación y que parte de la responsabilidad también debe achacarse a los privados que se negaron a integrar los fondos de contraparte. Pero a todos los presentes nos quedó claro que había habido desinterés e impericia, muestra del desgaste y negligencia de los últimos periodos de gobierno del radicalismo, y que esa falta de gestión desperdició el aprovechamiento oportuno de esos fondos disponibles.

Pese a ello, de las distintas disertaciones de los consultores, que aportaron muchos elementos de gran interés, surgió con claridad que el desarrollo de nuevas áreas irrigadas no es sólo una cuestión de dinero y que para utilizar eficazmente esos créditos debe existir previamente un plan estratégico que contemple cuestiones de tipo administrativas, de gestión, ambientales, tecnológicas, de inversiones previas y simultáneas, de fijación de objetivos productivos y comerciales, de formación de productores, de acuerdos público/privados, etc., que son imposibles sin un Estado Provincial que funcione adecuadamente.

Es allí donde hay que poner la atención para que el taller y sus conclusiones tengan impacto positivo o, por el contrario, se reduzca todo a otra consultoría intrascendente que incrementa la deuda externa (eterna) que finalmente pagamos todos los rionegrinos.

Analizando por partes los requerimientos para hacer exitoso el proceso se puede comenzar con el funcionamiento de las áreas productivas y de planificación del presente gobierno. Es difícil sustentar un programa de largo plazo en un Ministerio de Producción que ha cambiado cuatro ministros en dos años, que ha preferido poner en cargos dirigenciales a los fieles antes que a los expertos en cada tema, que ha perdido la mayor parte de sus técnicos experimentados, que ha desincentivado a los que quedan (gran parte de ellos próximos a la jubilación), que no ha procurado su reemplazo y que no promueve la formación del personal que resta en cada una de sus direcciones. Un proceso similar puede señalarse para el DPA, que supo ser un orgullo técnico para la Provincia y que en la presente etapa ya va por su tercer responsable. Tampoco funcionan áreas clave, como la Dirección de Estadística y Censos, donde es prácticamente imposible conseguir información, o la virtualmente inexistente Secretaría de Planificación.

Íntimamente ligado a esto, hay que pensar que un plan de riego ampliado, además del crédito, exigirá contrapartes monetarias de parte de la Provincia y presupuestos adecuados para que estas contrapartes funcionen. Es válido entonces preguntarse si el Gobierno rionegrino puede asumir esos compromisos cuando este año el 60 ó 70% de su presupuesto se lo llevará la masa salarial y el mismo Sr. Gobernador ha manifestado que se continuará con las obras en curso pero no habrá nuevas inversiones. Hay que señalar que en 2013, sin las limitaciones presupuestarias actuales, los niveles de subejecución en el funcionamiento estuvieron alrededor del 50%. Entonces, ¿cómo confiar que este Gobierno disponga de personal, viáticos, vehículos, gastos y aportes de contraparte para llevar adelante los estudios e implementar las propuestas derivadas de ellos?.

Adicionalmente, otra porción de la inversión debe correr por parte de los beneficiarios. En esto caben algunas consideraciones: los anteriores y este mismo Gobierno han sido incapaces de hacer cumplir sus compromisos a los privados, tal como ocurre con el acueducto ganadero/turístico en el que los productores no aportaron el tercio que les  correspondía. Otros antecedentes tampoco convocan a la confianza. El estudio de riego realizado por la consultora israelí para Colonia Josefa nunca fue más que un gran proyecto de negocio inmobiliario para los menos de una docena de propietarios de esas tierras, cuyo costo, como siempre, pagaríamos todos nosotros. O el “Proyecto Chino”, que pretendía poner bajo riego 256.000 hectáreas sin definir en ningún momento cómo se iba a financiar la inversión requerida ni que participación tendrían los productores locales, y cuyo destino era la producción de los commodities que ese mercado requiere y no los productos que con valores agregados justificarían la ampliación del riego.

El tema ambiental también se introdujo en la reunión, pues como consecuencia del calentamiento global, la utilización de los ríos norpatagónicos para la generación de energía, los residuos agroquímicos y efluentes cloacales volcados sin tratamiento en las cuencas, y otros usos indebidos, se ha provocado y/o acelerado el proceso de eutrofización y disminución de los caudales de los ríos. Los 970 m³/segundo que vertía el Río Negro al mar hoy ya son historia y están reducidos quizá a dos tercios de esa cantidad o menos. Los excedentes sobre su caudal ecológico requieren estudios serios y fundados que definan las medidas para la recuperación de la salud del río (aún con caudales menores a los históricos) y en consecuencia la disponibilidad en cantidad de agua con la que se podrá contar para la ampliación de las áreas irrigadas.

Esto lleva inmediatamente al tipo de tecnologías que deberían utilizarse para aprovechar mejor el agua de riego. La inundación, que es el sistema más utilizado en la actualidad, tiene una tasa de aprovechamiento muy baja. En los hechos hoy está, quizá, por debajo del 30%. En esto influye, además de la mayor pérdida por evaporación e infiltración inherentes al sistema, el mal estado de los canales, la falta de drenes y también el mal uso por parte de los productores. Todos estos temas deberían ser prioritarios aún antes de pensar en la ampliación de las áreas irrigadas. El riego por manto es la opción microeconómica más rentable, pero macroeconómicamente es posible pensar que una duplicación de la eficacia permitiría ampliar 60 ó 70% más superficie que la reproducción sistemática de la técnica de inundación.

Pero un sistema extendido de riego presurizado requiere inversiones importantes por parte del Estado. Hoy es impensable y ecológicamente perjudicial hacerlo con combustibles derivados del petróleo y la ecuación económica sólo cierra con electrificación. Para ello sería indispensable extender líneas de alta tensión que, igualmente, deberían subsidiar el costo energético a los productores que optaran por cosechas de bajo valor agregado.

De lo anterior se deriva que la ampliación del área irrigada, que sin duda es un objetivo estratégico para el desarrollo, debe responder a las tres preguntas claves de la economía: qué, cómo y para quién producir. Hoy un 30% de la superficie bajo riego en la Provincia está sin utilización o subutilizada. Uno de los estudios presentados en el panel indica que en el IDEVI hay una proporción de 50% de superficie arable, 30% recuperable con inversiones razonables y 20% cuya recuperación sería muy costosa y de muy largo plazo. Este “manchoneo” explica porqué muchos de los productores a los que se asignó parcelas nunca han podido salir a flote: les tocaron unidades pequeñas, con tierras de baja calidad y no tuvieron el necesario apoyo técnico y financiero para soportar el periodo de recuperación de suelos.

Con respecto al “qué producir”, aún aquellos cuyas parcelas tienen buena aptitud productiva no siempre acertaron con el tipo de cultivo que rentabilizara su trabajo. Hoy mismo las nuevas superficies que los privados están poniendo en producción son muchas veces destinadas a forrajes o cereales de bajo valor agregado, que no se justifican en áreas bajo riego si no son complementados con procesos integrados con ganadería o transformación secundaria.

Además debe existir una planificación del tipo de producciones a promocionar, para lo cual se puede utilizar como herramienta el valor del agua bajo los distintos conceptos de regalía o canon de riego, facturando el 100% de su costo a los que opten por otras líneas y bonificándolo generosamente para quienes consensúen con el Estado y cumplan con los planes orientados y supervisados desde los organismos correspondientes. Naturalmente, las bonificaciones deberían reintegrarse a los prestadores, de manera que se puedan mantener y mejorar los sistemas sin desfinanciar a quienes brindan el servicio.

Asimismo, el compromiso de los gobiernos debe orientarse a apoyar los procesos de asociativismo; compras y ventas conjuntas; utilización común de sistemas de riego presurizado, herramientas y maquinarias agrícolas; corrales de encierro comunes para la suplementación estratégica y terminación de animales; acuerdos de productores entre sí y con el Estado; y un sinnúmero de etcéteras más que no son utopías porque que ya han sido experimentados en otras partes del mundo.

El “cómo producir” está definido como las tecnologías apropiadas para el tipo de desarrollo que se procura. Con una visión social se deberían alentar procesos de colonización extendida, poblando y repoblando los campos, evitando la concentración de tierras y el latifundio. Asimismo, debería avanzarse con técnicas cada vez más amigables con el medio ambiente para evitar lo que actualmente está ocurriendo, que es la exportación de agua y nutrientes por encima de los valores de reposición natural y aún artificial.

Finalmente, el “para quién producir” tiene dos tipos de respuesta: quienes deben apropiarse de los excedentes económicos y a qué mercados se destinará la producción local. La primera exige una definición política. Desde nuestro punto de vista deberían ser beneficiados los pequeños y medianos productores, sus trabajadores, los prestadores de servicios agropecuarios y los procesos locales de transformación. Con producciones de proximidad que garanticen la seguridad y soberanía alimentarias de la región; ahorradoras de energía en la conservación y distribución; y productos comercializados por los propios chacareros, se puede favorecer a los consumidores locales a la vez que se acortan los canales de intermediación comercial y se obtienen mejores precios al productor. Este mercado localizado y cercano debe ser complementado con el acceso a la Patagonia Sur, que por vecindad geográfica debería ser nuestro comprador privilegiado.

Como se ve, es bueno contar con los 50 millones de dólares que el Sr. Lebed quiere, pero más importante es tener objetivos claros y políticas de largo plazo, expresadas en un plan de desarrollo cuya propuesta todavía no hemos visto.

Por Unidad Popular

Integrante del Frente Progresista

Oscar Lascano

DNI 8.354.151