Por Pedro Pesatti*

En 1973, Río Negro se convirtió en escenario de una de las transformaciones más profundas que los sistemas sanitarios del país hayan registrado a lo largo de su historia. La sanción de la Ley 898, el 30 de noviembre y promulgada el 14 de diciembre de ese año, marcó el inicio de un cambio que buscaba garantizar el acceso a la salud como un derecho universal.

Bajo la gestión del gobernador Mario José Franco (1973-1976), el Plan de Salud no solo desafió la lógica de la medicina privada —centrada en la enfermedad—, sino que propuso una visión basada en la prevención y en la atención primaria como eje organizador de un nuevo sistema de atención.

La Ley 898 consolidó al Consejo de Salud como la autoridad sanitaria provincial, ampliando significativamente su rol original, desde que fuera creado en tiempos del gobernador Edgardo Castello.

Este organismo, dotado de plena autarquía, se convirtió en el pilar de un sistema integral que abarcaba infraestructura, regulación, fiscalización, capacitación, investigación y producción de insumos hospitalarios.

Presidido por un médico e integrado por representantes de distintos sectores de la comunidad, el Consejo trazó un modelo que priorizaba la prevención de enfermedades y la promoción de la salud por encima del tratamiento exclusivo de las patologías. Esta perspectiva marcaba, además, una fuerte diferenciación con la medicina privada, que históricamente organizó sus servicios en torno al diagnóstico y a la atención de la persona ya enferma.

Los resultados no se hicieron esperar. En los últimos meses de 1973, las consultas en hospitales públicos aumentaron un 9%. Pero ya en 1974, año clave en la ejecución del Plan, este crecimiento alcanzó el 88%, y en 1975 superó el 122%.

Estos avances surgieron en un contexto de extrema precariedad.

Según Alberto Dal Bo, primer presidente del Consejo Provincial de Salud, los hospitales estaban en condiciones deplorables, sin equipamiento básico y con servicios arancelados que se constituían en una barrera para las clases de bajos recursos.

El Plan Trienal de Gobierno (1974-1976) delineó una política sanitaria sin precedentes. Entre sus objetivos se encontraban la creación de residencias médicas, la implementación de una historia clínica única, la jerarquización de la enfermería y la mejora de las condiciones salariales de los profesionales para fomentar su dedicación exclusiva. Para fortalecer el mismo objetivo, el Banco de Río Negro promovió préstamos para la adquisición de viviendas y vehículos en el universo de médicos hospitalarios.

Estas medidas atrajeron a muchísimos jóvenes altamente capacitados, quienes garantizaron la cobertura hospitalaria y la atención continua mediante guardias las 24 horas, algo inédito en la provincia. Además, se incorporaron bioquímicos, farmacéuticos, psicólogos y obstetras, mientras que el presupuesto de salud, en 1974, se duplicó.

La rigurosidad y la excelencia fueron características distintivas del plan.

Para ingresar al sistema, los aspirantes debieron superar un exigente examen de oposición realizado en el Instituto Paulo VI de Viedma. El examen, recordado por su dificultad, se convirtió en una anécdota ilustrativa de la seriedad con la que se seleccionaban los profesionales. Como alumno de entonces, de la escuela primaria que funcionaba en el instituto, recuerdo cómo las clases fueron interrumpidas para permitir el examen. Al día siguiente, el director de la escuela, el hermano Germán Tosti, comentó, frente a quienes eramos sus alumnos, que muchos postulantes habían dejado sus hojas en blanco o incompletas, destacando, con su comentario, el alto nivel de exigencia.

El Plan no sólo fortaleció la infraestructura sanitaria con ambulancias y equipos de radiología en los hospitales de todas las ciudades, sino que a la par redefinió la atención primaria como la línea estratégica del sistema.

En efecto, la prevención se convirtió en el eje rector, priorizando la educación sanitaria y la promoción de hábitos para evitar enfermedades antes de que requirieran tratamientos complejos o costosos. Este enfoque contrastaba con el modelo privado, que históricamente organizó su estructura en torno al tratamiento de enfermedades del que obtiene, naturalmente, su beneficio económico.

Sin embargo, el avance no estuvo exento de obstáculos. Como tantas políticas disruptivas que afectan intereses, rápidamente se corporizaron detractores que boicotearon el éxito del proyecto.

Según Dal Bo, algunos sectores gremiales y obras sociales sindicales se mostraron reticentes a apoyar el Plan, manteniendo o favoreciendo sus vínculos con el sector privado. Además, la federación que agrupaba a los prestadores presionó activamente para debilitar el sistema público, viendo en él una amenaza a sus intereses comerciales. El golpe final llegó con la dictadura militar de marzo de 1976. Con argumentos ideológicos, el régimen desmanteló el sistema, persiguió a médicos bajo acusaciones comunes en la época: zurdos, bolches, subversivos, etc. y destruyó deliberadamente el equipamiento hospitalario.

Detalles triviales, como el largo del cabello o la barba de los profesionales, fueron usados para justificar purgas o deslegitimar al hospital público. Este desmantelamiento no solo interrumpió un proceso de transformación sino que también reorientó recursos hacia el sector privado, perpetuando un modelo desigual en el acceso a la salud.

A pesar de su corta duración, el Plan de Salud de Mario Franco dejó un legado imborrable. En menos de tres años, demostró que un sistema centrado en la prevención y la atención primaria puede transformar la vida de las personas. Hoy, medio siglo después, su modelo sigue siendo una referencia para quienes buscan garantizar la salud como un derecho universal, en oposición a la mercantilización de la vida humana.

La historia de este plan no sólo es un testimonio de lo que fue posible, sino un recordatorio de lo que puede lograrse cuando las políticas públicas priorizan el bienestar colectivo. Su desmantelamiento es una advertencia sobre los riesgos de abandonar la defensa de sistemas que promuevan la igualdad y la accesibilidad en derechos básicos como la salud.

La sociedad de entonces, sobre todo sectores de clase media, se sumaron con su opinión -en línea con el discurso oficial de la dictadura, encarnado en la figura del Dr. García García, secretario general de la gobernación del gobierno de facto- a la acción destructiva del plan.

En un contexto global donde el debate sobre la salud pública y privada sigue vigente, el ejemplo de Río Negro y el Plan de Salud de Mario Franco se constituyen como uno de los hitos mas relevantes de la historia política e institucional de la provincia.

Una experiencia singular que debemos recordar, conocer y valorar. Un ejemplo que puede ayudarnos a comprender, con mayor certidumbre, la capacidad y potencia que los rionegrinos y las rionegrinas tenemos para construir (y darnos) un futuro mejor.