En tal sentido, el Gobierno rechazó el procesamiento de los funcionarios provinciales, ya que se trata de una medida absolutamente parcial, direccionada y no sujeta a derecho, persiguiendo intereses ajenos a la actuación de un Magistrado en un proceso penal.

El tinte arbitrario del proceso llevado adelante por el titular del Juzgado, que derivó en los citados procesamientos, quedó demostrado habida cuenta que la investigación irregular en nada se condice con los hechos manifestados oportunamente por el Gobernador, en los que se hacía referencia a Martín Soria.

En este marco, se indicó que los funcionarios provinciales alcanzados por la medida judicial seguirán desempeñando sus cargos, en el convencimiento de la ausencia de delito en la gestión de pago de dicho seguro de vida.

Asimismo, se ratifica el correcto desarrollo de los procesos administrativos llevados adelante por la empresa Horizonte Seguros SA y el IAPS, respectivamente.

Pedido de interpelación

El legislador Leonardo Ballester presentará en las próximas horas al parlamento rionegrino un pedido de interpelación al ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, por "los graves hechos de corrupción que han tenido lugar en la jurisdicción a su cargo".
 
Ballester señaló que "a la luz de los acontecimientos denunciados y que han tomado estado público que señalan la existencia de un grave delito en perjuicio del erario provincial, merece al menos una explicación del máximo responsable del Ministerio".
 
Ballester dijo que "resulta sumamente llamativo que un delito de esta naturaleza salga a la luz por la propia declaración del imputado y no por los controles naturales previstos en los distintos ámbitos del Estado".
 
"Esto hace suponer al menos y en principio una anarquía y descontrol en los distintos estamentos incluyendo al propio ministro que desconoce al menos quienes y cuantos son los funcionarios de su cartera", precisó.
 
Por ello "lo mínimo que debe exigirse es que el ministro político explique a la sociedad rionegrina que es lo viene sucediendo en su jurisdicción donde se ha constado que un funcionario ha creado a cargos virtuales para cobrar ilegalmente grandes sumas de dinero durante mucho tiempo".