La legisladora Beatriz Contreras expresó que "la base ideológica de un gobierno republicano es que aquellos a quienes se confía el manejo de la cosa pública, deben responder ante el pueblo por los actos en los que hubieren defraudado su confianza. Por ello, es imperioso clarificar la situación en la que se verían envueltos los Titulares del Tribunal de Cuentas de nuestra provincia: Sra. Erika Fabiana Acosta y  Sr. Juan Huentela, quienes se habrían abonado salarios con normativas de orden interno, dejando de lado el concepto de “antigüedad” pero asignándose un adicional de “dedicación funcional o incumbencia orgánica” tan pronto como asumieron los nuevos vocales carentes de antigüedad".

"Muy favorecidos por esta normativa, las autoridades del tribunal, habrían logrado acceder a remuneraciones que oscilan entre los $ 60.000 y $ 70.000mensuales, de ser así infringiendo las determinaciones previstas en la Constitución y la Ley Orgánica N° 2747", agregó.

A su vez dijo que "como si esto fuera poco, la Sra. Acosta, tramitó viáticos exorbitantes por comisiones de servicios; se autorizó el inicio de un trámite para que se le reconozca parte de la extraordinaria  suma que mensualmente paga por el arrendamiento de su vivienda en Viedma y figura como titular de una página proselitista, siendo esto incompatible con sus funciones como lo dispone el artículo 201 de nuestra constitución".

"Es nuestra función como Legisladores, investigar este presunto accionar de los miembros del tribunal. Se podría entender como mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de sus deberes legales al momento de establecer y liquidar los  haberes mensuales", añadió.

Asimismo señaló que "como representantes del pueblo, debemos tomar este tema con cautela y comenzar una investigación: cuando hablamos de lo público, nadie se encuentra por encima de la Ley. Por lo tanto, ante la sospecha de que un funcionario público ha realizado actos indebidos, la Constitución nos ofrece una garantía: acá nadie se queda con lo que es del pueblo.  Se trata de un reaseguro - al decir de Madison - para defender a la comunidad.Esta propuesta pretende nada más que evaluar su responsabilidad política, sino la hubiere, continuarán ejerciendo sus funciones pero de lo contrario, serán destituidos. Lo demás, será competencia de la Justicia Ordinaria".

Más adelante sostuvo que "nuestro desafío es determinar si la política rionegrina es capaz y eficazmente apta para realizar esta tarea que la Constitución nos impone y que a prima facie es una de las instituciones substanciales del sistema democrático".

Por último manifestó que "a Legislatura tiene la obligación de implementar los mecanismos constitucionales que nos ayuden a clarificar tamaña sospecha que hoy pesa sobre el tribunal".