En ese sentido el presidente del Bloque Alejandro Marinao, sostuvo que el acompañamiento es categórico y es necesario dejar en claro las preocupaciones que surgieron luego de conocerse los fundamentos que dio la legisladora del FpV- Bloque Néstor Kirchner Susana Diéguez como autora y donde refiere a la ausencia de otros poderes del Estado.

"Si hay ausencia de otros poderes del Estado, hay responsabilidades de los que están cumpliendo la representación en esos poderes del Estado", expresó Marinao.

Por ello agregó que "es bueno que este parlamento también evalúe si esas responsabilidades ameritan las normas sancionatorias que la constitución y las leyes vigentes tienen como herramientas para aquellos que han incumplido o que no hayan actuado responsablemente para el esclarecimiento de este hecho".

Otra de las preocupaciones fue entorno a otro de los fundamentos del proyecto y tiene que ver con la contaminación de pruebas en la investigación del asesinato del joven viedmense y al respecto dijo: "No quisiera creer que quien contaminó las pruebas fue la policía de Río Negro, la misma policía que asistirá a los fiscales en el nuevo código, es para hacer una voz de alerta", manifestó el presidente.

Finalmente, sostuvo que se deben destinar los fondos correspondientes para que la comisión tenga la efectividad, operatividad y el  resultado que la sociedad de Viedma merece para saber qué pasó.

La legisladora provincial Susana Dieguez defendió durante la sesión parlamentaria el Proyecto de Ley de su autoría, que pretende crear una Comisión para revisar y analizar lo actuado en la investigación del homicidio del joven Atahualpa Martínez Vinaya.  El mismo fue aprobado por unanimidad.

El proyecto, que fue redactado junto al presidente del bloque del FpV en ese entonces, Pedro Pesatti, intenta “dilucidar posibles anomalías e irregularidades que pudieran existir en las actuaciones judiciales y/ o administrativas”, detalló la parlamentaria.

Dieguez destacó que este asesinato es un “caso paradigmático que represente concretamente el clasismo que existe en la justicia rionegrina” –y explicó que- “las complicidades y dudas de este crimen demuestran el desamparo de un joven pobre, del barrio Lavalle, con ascendencia mapuche-aymara, totalmente estigmatizado, donde todos los testigos sufrieron amenazas y persecuciones policiales”.

Y agregó en este sentido que “como suele suceder en estos casos, la causa se centró en investigar al entorno del asesinado, a su familia y a sus amigos”. “Cuando el muerto es un pobre, el primer sospechoso siempre es la víctima”.

Además, señaló que “simboliza la violencia institucional en el ámbito judicial, por las irregularidades en las investigaciones y su nula resolución, razón por la cual, la familia de Atahualpa decidió  no convalidar un juicio de estas características”.

Por último, Dieguez manifestó que “desde esta Legislatura, pretendemos contribuir a revisar los daños cometidos, las irregularidades y complicidades de este caso y el medio para ello es la creación de una Comisión que investigue de manera seria y profunda las vicisitudes y vicios que tuvo la causa, con todas las irregularidades de los funcionarios judiciales y policiales”. Y concluyó: “lo hacemos con la convicción de que el esclarecimiento de este crimen va a ayudar a que no haya más casos irresueltos en contra de los más desprotegidos en nuestra provincia”. “Porque estamos convencidos de que, a mayor impunidad, más crímenes en el futuro”.