Más allá que la situación tiende a descomprimirse gracias a la medida judicial que obliga a reincorporar al despedido delegado de ATE – dándole la razón al gremio- , existe una cuestión tremendamente grave aún sin solucionar; que es la persistencia, naturalización y multiplicación  del sistema de contratación de Trabajadores en Negro que se ha instalado sistemáticamente como Política de Estado del  Gobierno Rionegrino.
Si bien el  Gobierno Provincial apunta a ponerse en "Víctima", denunciando la belicosidad gremial por el ataque a los edificios públicos, los datos de la realidad lo exponen claramente como el verdadero "Victimario" de toda esta situación de violación de las leyes laborales vigentes.
Se supone que si es el mismo Estado  quien debe velar y controlar el cumplimiento de la legislación laboral entre los empleadores privados, debería ser ese Estado quien dé el ejemplo con sus propios trabajadores.
 No se entiende demasiado por qué la Justicia Laboral no actúa de oficio frente a esta ilegalidad manifiesta y de público conocimiento; o por qué la Legislatura no prioriza una solución que ya debiera haberse concretado , a tres años de inicio de  esta gestión.
Antes aún de asumir el nuevo gobierno a fines del 2011, ya conocíamos muy bien la inaceptable y escandalosa situación de la existencia de Trabajadores en Negro  en el Estado Provincial – bajo el mote de "becados"- en su gran mayoría prestando servicios en distintas áreas de Desarrollo Social. Bastaron unos pocos meses para relevar la información y poner en marcha un plan económicamente viable que  terminara con el Empleo en Negro en el Estado Provincial. Además de regularizar la situación de los que ya estaban prestando servicios, la meta era crear las normas legales para eliminar esta forma de incorporación de personal, y que Desarrollo Social tuviera  distintos dispositivos – como un sistema de ingreso y un escalafón-  tal como sucede en otras áreas, como Salud, Educación, Justicia, Seguridad, etc. Todo este proceso nunca terminó de concretarse.
Es llamativo analizar que la mayoría de estos Trabajadores en Negro están justamente en espacios muy sensibles para nuestra sociedad, como lo son aquellos donde el Estado se debe hacer cargo de los niños, niñas y adolescentes que no están en condiciones de vivir con su familia. Para que se entienda de qué estamos hablando, esta situación no feliz se produce por distintas causas: porque no tienen padres, o porque sus padres los abandonaron, o porque están presos, o porque sus padres son sus propios victimarios al punto tal que la Justicia define excluirlos de su grupo familiar para preservar su integridad y sus Derechos. Están en una situación de máxima vulnerabilidad. Son nuestros niños y adolescentes más débiles, los que deben recibir  el mejor cuidado y la mayor atención en esa etapa fundamental de su vida.  ¿Qué nos espera como sociedad si no nos podemos hacer cargo como corresponde de los más débiles, totalmente inocentes del destino que les tocó? ¿Qué mundo le estamos preparando a estos pequeños ciudadanos que ya sufrieron bastante, para que encima el mismo Estado los castigue doblemente abandonándolos a su propia suerte con servicios donde – entre otras carencias-  la precarización laboral de sus trabajadores reproduce una vulnerabilidad de Derechos  similar a la que sufren estas personitas?
¿ Por qué naturalizamos la existencia de estas cosas? ¿Por qué se tolera esta situación desde las distintas autoridades? ¿Quizás porque no son nuestros propios hijos? ¿ Tal vez porque estas niñas, niños y adolescentes no tienen poder alguno, no tienen dinero,  no tienen capacidad de lobby ni de presión alguna , y no pueden movilizarse y reclamar por sus Derechos?
No dice toda la verdad el Gobernador cuando justifica que los Trabajadores del Estado Provincial cobran al día, con beneficios sociales y aguinaldo. Hay muchos trabajadores del Estado Rionegrino que están en Negro, cobran menos del salario mínimo y encima les están pagando tarde. Y esto no debería ser la situación de ningún trabajador del Estado, y mucho menos en las áreas donde el Gobierno tiene la obligación legal de atender lo mejor posible a los más débiles de la sociedad. Este año se cumplen 25 años de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y el Gobierno Rionegrino está incumpliendo el espíritu de esta Declaración, incorporada a la Constitución Nacional y a la Ley Nacional 26061 y Ley Provincial 4109.
La realidad muestra sobradamente que ya no se puede alegar como excusa que estamos en una "transición", que el problema se desconoce, o que está en vías de solución. Más allá que se haya anunciado mediáticamente en varias ocasiones el "fin de los becados"; lo cierto es que siguen existiendo y se continúa con esa metodología de incorporación de Trabajadores en Negro.
Como dice el lenguaje de la calle – más que demonizar a los gremialistas de ATE-  ya es hora que el  Gobierno Provincial -también la Legislatura y la Justicia, que tienen corresponsabilidad en esto-, "se pongan las pilas"; y se termine definitivamente con el Trabajo en Negro en el Estado Rionegrino.
El día que esto suceda, no habrá nada que festejar.
 Solamente nos quedará pedirle disculpas a la Sociedad y a la Democracia por haber demorado tanto...
 
Jorge Luis Vallazza
Magister en Políticas Públicas y Gobierno
DNI 12.975.453