La empresa extranjera condicionó las inversiones en Vaca Muerta a una serie de modificaciones en la legislación argentina nacional y provincial y para esto, se ha entregado en nombre de todos los argentinos mucho más que petróleo y gas, se ha entregado la soberanía nacional.

Es evidente que el concepto Soberanía se transforma en un sello de goma, cuando la nación a través de sus cabezas gobernantes y representantes resigna los bienes y riquezas del suelo con prebendas que benefician a capitales predadores.  Y en este sentido, ha sido una traición al pueblo.

Las cláusulas confidenciales, recientemente develadas después de más de un año de la firma del Acuerdo, no hacen más que confirmar que el gobierno nacional estuvo llevando adelante todo este tiempo acciones a la medida de Chevron, una de las empresas más cuestionadas en el mundo por los pasivos ambientales, principalmente en Ecuador país con el que tiene una deuda millonaria.

Las medidas legislativas nacionales y provinciales dispuestas desde el año pasado, son una sucesión de disposiciones obedientes a las condiciones prometidas, que terminan finalmente con la aprobación reciente de la nueva ley nacional de hidrocarburos.

Entre negaciones y afirmaciones, ahora se sabe que las condiciones fueron modificar la legislación existente nacional y provincial para que resulte aceptable para Chevron; concesiones garantizadas por no menos de 35 años; regalías por hidrocarburos no convencionales que no superen el 12%, lo que incluye además algunos impuestos en ese mismo porcentaje; estabilidad legal para regalías e impuestos (por eso se firmo el acuerdo entre las provincias de la OFEPHI); posibilidad de la empresa de remitir dividendos a sus accionistas extranjeros sin pago de impuestos; y además el derecho a exportar la producción de hidrocarburos no convencionales y mantener en el exterior fondos provenientes de este origen.

En resumidas cuentas, lo que puede verse es que el gobierno ha negociado el drenaje de bienes comunes fuera del territorio en el marco de un discurso de soberanía energética que difícilmente se cumpla; y de cumplirse será a cualquier costo ecológico y social, pues no se cuentan las consecuencias de las explotaciones de gas y petróleo no convencional, la hidrofractura y el uso extraordinario de agua, la contaminación hídrica, del aire y de la tierra que la actividad provoca. Del mismo modo, no se respetan los derechos de las comunidades originarias asentadas en estos territorios.

También debemos considerar las explotaciones off shore – costa afuera- en el mar, dispuestas en la ley de hidrocarburos con beneficios por 30 años y la posibilidad de reducción de regalías en un 50%. La riqueza del mar no tiene precio, pero si tiene un valor considerable y éste se encuentra a la vista de todos, no debajo del mar. El valor está en las playas y centros turísticos a lo largo de las costas patagónicas. Es doloroso solo imaginar las consecuencias de plataformas petroleras frente a las costas de Las Grutas, El Cóndor, Playas Doradas, o cualquier playa a lo largo del Camino de la costa rionegrina, la actividad pesquera y la fauna marina condenadas a muerte.

Difícilmente se pueda considerar que nuestro país, nuestra nación sea soberana pues el gobierno ha dejado que fuerzas opuestas, a las que el pueblo no ha legitimado, condicionen la política sobre nuestra riqueza de suelo. Por eso hemos de considerar una y otra vez que la verdadera soberanía reside en el pueblo y que la verdadera democracia, como decía Perón, “es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del Pueblo.” Y que un pueblo es verdaderamente libre cuando es “socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano.”.