Esta manera de concebir la infancia fue cambiando luego de la segunda guerra mundial cuando el Pacto Internacional de Derechos Humanos declaró que los niños necesitaban cuidados especiales y protección.

En consecuencia, el 20 de Noviembre de 1998 se firmó la Convención Internacional del Niño, la Niña y del Adolescente y a partir de entonces, las naciones se comprometen a brindar estándares básicos de salud, educación, cuidado y servicios sociales, además, de reconocerles a los niños el derecho a jugar, a expresarse libremente, y a exponer sus opiniones en todo aquello que les concierna.

En Argentina, desde principios del siglo pasado la atención y el acompañamiento a nuestros chicos estuvo regida por la ley Nº 10.903 de patronato, y las leyes Nº 22. 278 y 22.803, que establecían las penas según los delitos que cometían. Estas leyes legalizaban la disposición absoluta de la justicia en cuanto a la decisión del futuro de los niños y adolescentes.

En 1990, Argentina adhiere a esta convención sentando las bases fundamentales para pensar otra intervención pública respecto de la infancia y la adolescencia. Pero a su vez, nuestro país se vio limitado en sus garantías por desarrollarse en un claro proceso de retroceso de algunas funciones del estado de bienestar.

Luego de varios años de reclamo y tensión, se sancionó en 2005 la Ley 26.061 de Protección Integral, que puso fin a casi cien años de patronato y, a partir de allí, se reconoce al niño como sujeto “pleno” de derecho. 

Hoy a 25 años de la firma de aquel tratando ¿Cuál es el grado de cumplimiento efectivo de sus derechos?, ¿cuáles son las medidas de protección social del Estado que se implementan para corregir fenómenos de exclusión social, afectiva y simbólica que comienzan en la infancia y condicionan la trayectoria vital de las personas? 

Si bien nuestro país ha avanzado en el concepto y en materia legislativa, aún no contamos con la infraestructura necesaria para hacer cumplir la ley. 

No existen políticas de Estado claras, orientadas a tocar el núcleo de la problemática de situaciones que involucran a nuestros niños y adolescentes. 

Podemos ver que después de nueve años de reglamentada la ley de protección integral aún no contamos con la figura del Defensor de la Niñez y ni siquiera se ha conformado la comisión que debía elegirlo. 

El mismo déficit se da en el caso de la mortalidad infantil, que si bien en los últimos años ha descendido, hay un 60% de los casos de mortalidad que son evitables con tratamientos sencillos: con una detención precoz o con algún tipo de acompañamiento pre natal y pos natal. Sabemos además, que la probabilidad que un niño tiene de morir va en aumento cuando su entorno socioambiental es deficitario, cuando persisten diversas fallas en el proceso de cuidado y atención de la salud, y en la calidad de los servicios prestados. 

Por otra parte el aumento del consumo de sustancias adictivas en los adolescentes y la violencia que sigue cobrándose vidas, son otras de las consecuencias que nos invitan a una reflexión: cuando estos temas no ocupan un lugar primordial en la agenda pública se carece entonces de ética y voluntad política. Sobre todo cuando hablamos de formación de valores y defensa de derechos de niños y adolescentes- pilares fundamentales de nuestro futuro-.

En Río Negro la situación no está exenta de lo que sucede a nivel nacional. En 2014 circuló un artículo donde se difundía que la tasa de mortalidad infantil había registrado un crecimiento en los últimos años. 

Actualmente tenemos alrededor de 200 niños institucionalizados, dentro del Estado y de instituciones no gubernamentales. Las causas de ingreso son variadas: violencia familiar, abuso sexual, abandono y negligencia (esto incluye el abandono explícito, es decir, voluntario de los padres) y también implícito (es decir, cuando los niños deambulan horas y horas y la calle termina siendo su referencia) y negligencia, en el sentido de que los padres no logran garantizar a los niños los mínimos cuidados alimenticios, de higiene, controles de salud, escolaridad, afecto, etc. (muchas veces esto ocurre porque los padres padecen enfermedades graves que les impiden asumir su rol, como adicciones severas, trastornos psiquiátricos o retraso madurativo).

Otras causas son la disfuncionalidad en la crianza y figuras parentales debilitadas para poner límites a problemáticas emergentes que cada día crecen más: las adicciones, las formas de " delincuencia" en adolescentes, la explotación sexual y trata de adolescentes y niñas. 

Las instituciones que albergan estos niños no están hoy en día preparadas para contener y abordar adecuadamente ciertas problemáticas. No disponemos de dispositivos de salud mental infanto-juvenil, ni de instituciones intermedias que, puedan abordar la franja que va de 13 a 18 años y que requiere un tratamiento distinto al tradicional, sabiendo que, el 80 por ciento de los adolescentes internados por adicciones y “conflictos” con la ley son varones que tienen entre 15 y 17 años. 

Si estas variables no son atendidas de manera eficiente, generalmente cuando llegan a jóvenes, nuestros chicos tienen dos destinos posibles lamentables: la cárcel o la muerte. ¿Y cuál es la otra oferta que tenemos para ellos? ¿Que pasó con lo pactado en la Convención?

Si queremos recuperar a nuestros niños y niñas necesitamos decisiones claras y propuestas eficaces. 

Desde el Socialismo sostenemos que la voluntad política es fundamental para revertir la situación y para que los niños puedan alcanzar sus sueños. De lo contrario los estaríamos confinando a un oscuro abismo sin sueños y sin mañana.

Antonela Garilli

Presidenta Centro Socialista 
de Viedma