El poder judicial no acompaña los procesos democráticos como poder, sino todo lo contrario. Con algunas pocas excepciones, en general ha sido cómplice de los procesos dictatoriales y ha garantizado la impunidad y los procesos de apropiación desmedida de los poderosos nativos.

En nuestra provincia aparece como muy palpable esta necesidad en estos días en que hemos sabido públicamente de que un juez camarista de la ciudad de Viedma se encuentra imputado en una causa por corrupción de menores que involucra también a responsables de otros poderes del estado. Resulta evidente que han fallado todos los mecanismos de control si es que los hay. Ya no se puede tolerar que un juez, quien dirime los destinos del pueblo, dure “mientras dure su buena conducta”. ¿Quién define tal cosa? Verificamos en estos días que por el momento nadie lo hace. Afortunadamente otro Juez tomó el caso y lo investigó a pesar de estar involucrado un colega, pero esto no resulta ser la regla. Muchas arbitrariedades y delitos cometidos por magistrados, han sido resueltos con una renuncia (cuando se avanzó en los sumarios) y en otros casos se los ha premiado con ascensos.

Estamos ante la presencia de un delito muy grave y aberrante que complica a un Juez de Cámara, hecho que se magnificaría si fue cometido por una persona que define sobre la libertad y el resguardo de los derechos de las personas, que tiene incidencia directa en la investigación de delitos como los que se le imputa, que controla a los jueces de instrucción en su labor y que además no sabemos aún hasta donde llegan las complicidades y autoría de sectores encumbrados de la sociedad rionegrina. Hoy resulta evidente que no se puede seguir sosteniendo un sistema de privilegios e impunidad para los jueces. No se puede tolerar que cometan delitos, que sean garantes de un entramado que jaquea a nuestros pibes, que sostiene las desigualdades para generar el caldo de cultivo necesario para dar continuidad a estas prácticas delictivas. ¿Cuánto hay de aporte de los sectores privilegiados para que pueda existir la corrupción de menores y la trata de personas?, ¿que otros sectores de poder se encuentran involucrados? ¿Qué papel jugó la policía en todo esto, y cómo incidió la rebelión policial de diciembre del 2013 para que se pudieran seguir desarrollando estos delitos?

Son preguntas que merecen múltiples respuestas, pero en este estado de cosas, resulta indispensable democratizar el poder judicial, que los jueces y los agentes estatales, así como los privados, por más poderosos que sean, si cometen delitos que reciban las condenas legales correspondientes.

Una práctica habitual en los últimos tiempos es que el Poder judicial no respete las leyes y no se haga cargo de sus problemas. Muestra de ello fueron las presiones que ejerció para impedir la sanción de la ley 5009 de convenio colectivo para el sector judicial. Ya con la ley sancionada, se niega sistemáticamente a cumplirla, modificando condiciones de trabajo sin siquiera oír a los trabajadores. Esta conducta se replica a niveles impensados y coherente con ello, resulta que se encuentre un magistrado imputado por un grave delito.

En este momento político, cuando existe una disputa abierta respecto de las elecciones venideras y donde se expresan dudas sobre la continuidad del proceso político de memoria verdad y justicia, en las últimas semanas los mensajes del poder judicial en este aspecto, han sido todos a favor de la impunidad: sobreseimiento y/o falta de merito en las causas Ledesma; la Nueva provincia y Papel Prensa, como dando un mensaje de que hasta acá se llego.

Por  todo esto impulsamos más que nunca la democratización del poder judicial. Si no lo hacemos, los poderosos y sus lacayos,  siempre van a dejar alguien que los defienda, ya no solo el poder mediático mentiroso y terrorista, sino también un armado judicial que resulte infranqueable.

Jorge Molina, Sec. General

Emiliano Sanhueza, Sec. Gremial