El proceso al que nos referimos está vinculado a la dirección del flujo en la adopción de las decisiones más significativas que afectan la vida política de nuestra nación.

En un ámbito democrático y participativo como el que seguramente todos, o por lo menos la mayoría de nosotros, pretendemos para nuestro sistema político, el flujo de las decisiones es ascendente. Nace en el llano. Surge de la voluntad popular y llega a las más altas esferas del gobierno, a través de los funcionarios democráticamente electos, de una forma representativa y federal, tal como reza nuestra Constitución Nacional.

En ese esquema virtuoso, el “Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas¨. Nunca para imponer su voluntad a los gobiernos provinciales que son en definitiva el sostén y el verdadero sentido de un gobierno ¨federal¨.

A través del fenómeno que mencionábamos al principio, ese flujo ascendente ideal ha ido mutando paulatinamente su dirección hasta transformarse en un flujo descendente, de modo que las decisiones que se toman en Buenos Aires, se aplican verticalmente y casi sin discusión, afectando seriamente las autonomías locales o regionales.

Ahora bien, si analizamos esta metodología inmediatamente surge la pregunta: ¿Cómo es que unos pocos son capaces de imponer su voluntad a la amplia mayoría que compone la base de esta pirámide social y política?

La respuesta es muy sencilla: Con la chequera.

La libre disponibilidad de recursos con que cuenta la Nación, en contraposición con los paupérrimos presupuestos provinciales hacen que la necesidad (que siempre tiene cara de hereje) impuesta de financiar sus pasivos, haga caer a éstos en un círculo vicioso que se va profundizando, en la medida que crece la deuda que los estados provinciales van contrayendo con la Nación y consecuentemente, los intereses que aquellos le pagan como contraprestación de esa deuda. Todo ello sin tener en cuenta que, en muchos casos, son estos intereses financieros los que desequilibran seriamente el presupuesto provincial.

En contrapartida, la Nación dispone de recursos para llegar, sin ninguna participación de los gobiernos provinciales, en forma directa a los Municipios (en particular a los Municipios amigos) asistiéndolos con fondos frescos que, al mismo tiempo que les solucionan algunos problemas de infraestructura o de caja, les van quitando su autonomía y su capacidad de autodeterminación. Después de todo nadie puede oponerse al dueño de la chequera.

La pregunta que uno podría hacerse en este punto es: ¿Por qué, si al gobierno ¨federal¨ le sobra tanto dinero como para llegar con sus obras y sus ¨Aportes del Tesoro Nacional¨ hasta el corazón mismo de la vida municipal, no ¨federaliza¨ esos recursos coparticipándolos y solucionando de esa manera el déficit estructural que tienen los estados provinciales, haciendo que dejen de ¨deberle¨ a la Nación?

La respuesta también es sencilla: Ninguna persona con ambición de poder sería capaz de sustraerse a la tentación de usar esos recursos para doblegar las voluntades de provincias y municipios para transformarlos en soldaditos perfectamente disciplinados, sin ningún rastro de soberanía.

Lamentablemente en este caso, los representantes de las provincias, aquellos que fueron ungidos por el pueblo para defender los derechos de los estados provinciales y evitar este tipo de desequilibrio de fuerzas, son los primeros en agarrar la chequera y salir a la calle a comprar voluntades, constituyéndose en una especie de co-gobiernos paralelos.

En este esquema perverso, la explotación plena de los recursos naturales de gas y petróleo, por parte de los estados provinciales, era una de las claves que podía permitirles sustraerse de este esquema de concentración de poder, tomando nuevamente las riendas de sus propias economías, a la vez que contribuían con los objetivos nacionales de autoabastecimiento hidrocarburífero.

Obviamente, quienes apuestan a mantener esa dependencia enfermiza de la provincia hacia la Nación, se opusieron inmediatamente a los proyectos legislativos impulsados por el gobierno provincial, haciéndole perder a Río Negro una cifra cercana a los 1000 millones de pesos.

La Constitución Nacional dispone que los dueños del subsuelo del territorio con sus recursos son los gobiernos provinciales. Esto quedó claramente refrendado en el texto de la ley ¨corta¨ de hidrocarburos que establece que ¨…pertenecen a los Estados Provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas…¨

Pero nuevamente a fines de 2014, el pensamiento unitario salió a la luz a través de la sanción de una nueva ley Nacional de Hidrocarburos que avanzó sobre las potestades de las provincias planteando la incorporación de importantes beneficios para las empresas inversoras, a la vez que impide a las provincias decidir, entre otras cosas, las alícuotas de impuestos provinciales, la incorporación de las empresas provinciales de hidrocarburos como socias en la explotación… En fin… Decidir qué hacer con sus propios recursos naturales. Fueron muy pocos los senadores y diputados nacionales que alzaron la voz para defender a sus provincias de tamaño atropello.

Obviamente los gobernadores de las provincias productoras se opusieron a ese nuevo avasallamiento de las autonomías provinciales negándose a acompañar este proyecto legislativo. Pero nuevamente la chequera hizo lo suyo: Los gobernadores díscolos fueron burdamente amenazados de quedar afuera de la renegociación de la deuda pública provincial (que se hace sistemáticamente cada 3 meses) poniendo en serio riesgo las economías provinciales.

Otro ejemplo de “chequerazo” se dio recientemente cuando desde el gobierno nacional se amenazó con no enviar los 300 millones de pesos que el Ministro de Agricultura de Nación había comprometido con los fruticultores rionegrinos si no se incorporaban a la lista de legisladores provinciales del FpV a una importante cantidad de candidatos de La Cámpora, organización que abreva de este pensamiento de concentración de poder. Como se puede apreciar, otro duro golpe a la autodeterminación de las provincias.

Juntos Somos Río Negro es una opción que pretende romper con ese verticalismo nefasto. Un partido que representa una férrea defensa del federalismo y de la autonomía provincial. Un fuerte clamor de hacernos oir, como provincia, en el concierto nacional, en defensa de nuestros propios intereses y en apoyo a los grandes objetivos nacionales.

El gobernador Alberto Weretilneck, quien encabeza este movimiento provincial, ha dado sobrada muestra de su capacidad y su vocación de escuchar con respeto y con amplitud de criterios a todos los rionegrinos en cada lugar de la provincia. Y esa capacidad de sumar todas las opiniones, honrando la diversidad de pensamientos e idiosincrasias de nuestra gente, es la base de una construcción colectiva que pretende dar vuelta el proceso de toma de decisiones haciendo que las mismas surjan de donde siempre debieron haber nacido: Del pueblo. Y eso se llama ¡Democracia!.

Leandro Tozzi, Legislador del bloque Juntos Somos Río Negro.