En primer término, considero necesario mencionar que para la redacción de la ley Nacional se tomó como referencia la ley 2440 de la provincia de Río Negro. Frente a este planteo cabría preguntarnos cuáles son los resultados después de cinco años de sancionada la ley Nacional y luego de 24 años de la ley provincial.

Tenemos frente a nosotros una nueva oportunidad para que los equipos de salud, especialistas, organizaciones profesionales y académicas se pronuncien y aporten. Como así también realizar la autocrítica necesaria, asumiendo responsabilidades y reconociendo los errores u omisiones que le caben a los gobiernos.

Existen en nuestro país experiencias de transformación institucional, que dan cuenta de un cambio, que ofrecen calidad de vida para pacientes y sus familias, respetando plenamente los DDHH como premisa fundamental. Estos son antecedentes de los cuales podemos aprender, teniendo en cuenta las distintas realidades.

Los instrumentos legales se juzgan por los RESULTADOS que obtienen, y desde allí es posible apreciar su utilidad o nulidad.  Es preciso que haya DECISIÓN POLÍTICA y asignar los presupuestos adecuados para ejecutar las acciones necesarias. Necesitamos de leyes que surjan en un ámbito de diálogo, que impacten de manera positiva en el campo de nuestras culturas cotidianas y que modifiquen con hechos la visión discriminatoria dominante sobre quienes padecen enfermedades mentales.

Finalmente, como presidenta de  la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Río Negro, considero que dar el debate es un paso adelante ya que permitirá escuchar a todos los actores involucrados antes de formular la adaptación del nuevo marco normativo.

 Viviana Pereira, Legisladora del bloque Juntos Somos Río Negro.