La coparticipación destinada a la provincias no se corresponde con lo que determina la ley que la reglamenta - 56,66 % para el conjunto de las Provincias- , pues Nación está distribuyendo mucho menos de lo que debe, y aun menos del 34% que es el piso mínimo que fija la misma ley.

Además, las provincias siguen aportando el 15% de la masa coparticipable primaria desde 1992, autorizando al Gobierno nacional a retener ese porcentaje para financiar al ANSES. 

Esta quita ya no corresponde porque este organismo ha tenido una recaudación extraordinaria en los últimos años, por lo tanto los gobiernos provinciales deberían demandar en forma urgente el cese de esas deducciones y el pago de los conceptos adeudados en estos años.

Los incumplimientos de la ley de coparticipación y la Constitución Nacional, conducen a las provincias a crisis financieras que las obligan a pedir ayuda al gobierno nacional, generando dependencia, sumisión y alimentando un centralismo sin precedentes.

El poder central intenta someter a los gobernadores a través del control arbitrario de los recursos públicos, y lo logra toda vez que las provincias necesitan de auxilio financiero. 

También logra disciplinar a algunos representantes legislativos, obedientes al momento de votar algún proyecto de ley. Esto genera que la división de poderes y nuestro sistema representativo se vean seriamente afectados, convirtiéndose el parlamento en un espacio sin debate, dependiente, alineado –por gusto o por la fuerza- al poder ejecutivo.

Otro problema es la discriminación que la nación hace con algunas provincias, en relación a la deuda que estas tienen. Quien debe a quien, es la gran pregunta. Lo cierto es que Rio Negro ha sido excluida de los beneficios de la refinanciación en el segundo trimestre y el gobierno central le descontó de la coparticipación más de 56 millones de pesos. Además, de lo correspondiente a Junio le descontó casi 30 millones de pesos.
 
La diferencia marcada por el gobierno nacional atenta contra el principio de igualdad ante la ley y el derecho de todos los habitantes de esta provincia a regularizar la deuda pública provincial.
 
Sin dudas, además de ser una política discriminatoria hacia las jurisdicciones “no alineadas”, se aplica una medida de disciplinamiento que conduce como venimos diciendo, a un unitarismo fiscal, una profundización del centralismo, distante del verdadero federalismo que queremos en nuestro país.
 
Magdalena Odarda.- Senadora Nacional