De la vista del expediente se observan resultados extraños, donde la suma de 7 puntos en antecedentes  y 5 puntos en la entrevista personal, le permite a un postulante obtener 14.5 como puntuación final, cuando en realidad debería haber sido de 12, existiendo alteraciones entre la puntuación asignada por el área de Recursos Humanos a los curriculum vitae y la que figura en las planillas definitivas.

“Esta situación se puso en conocimiento en el mes de enero de 2015 a los jueces del STJ, Sergio Barotto y Adriana Zaratiegui a los efectos de que iniciaran una investigación administrativa, y la denuncia en el fuero correspondiente; al no tener respuesta por parte del alto tribunal, una particular damnificada formalizó la denuncia en sede administrativa donde no solo fue desoída sino que el titular del área de RRHH, Cr. Ezequiel Vinci nunca prestó colaboración para poder realizar las copias del expediente, pudiendo la denunciante a través de una lectura en el escritorio de mesa de entrada y en ausencia del titular acceder a la lectura de las irregularidades planteadas y  a la extracción de algunas fotografías con el fin de certificar lo observado”, narró el parlamentario.

Como consecuencia del accionar pasivo por parte de las altas autoridades del Poder Judicial, se radica la denuncia penal correspondiente, tomando intervención el fiscal Hernán Trejo.

“El fiscal Trejo mediante un pobre y sesgado análisis de la lectura del expediente, y tomando como la verdad absoluta la consulta a la parte denunciada, no solo no cumplió con su función, la que resulta investigar, sino que en violación a lo ordenado por el Código Procesal Penal desmereció a la denunciante con comentarios y anotaciones fuera de lugar, ignorando el fondo de la cuestión que son los hechos denunciados”, agregó Vargas.

Aseguró que “Trejo en una hábil acción detectivesca consulta al denunciado sobre la comisión de un ilícito penal y como éste dice que fue todo realizado conforma al procedimiento “infiere” que está todo bien. Trejo “infiere” que no hay ilícito en base a lo que dijera la parte denunciada; es como poner al zorro a controlar a las gallinas y preguntarle si sabe que ocurrió con las que faltan”.

Queda en claro la desprotección de los ciudadanos cuando se debe accionar contra el mismo poder judicial, pues no solo que el STJ en conocimiento del hecho no tomó cartas en el asunto, sino que una vez hecha la denuncia penal, el fiscal encargado de la investigación en representación del estado rionegrino no cumplió con su función; y nuevamente el STJ ante la denuncia presentada, omite una investigación sumaria para deslindar las responsabilidades administrativas correspondientes.

“Es el prestigio de Poder Judicial en su conjunto que está en juego, un Poder en estado de sospecha permanente ante la sociedad y que con estas conductas no se hace otra cosa que avanzar en el camino de la autodestrucción”, indicó Vargas.

“Una vez más la justicia rionegrina se ve manchada por indicios claros de corrupción y aquellos funcionarios que debieran obrar y bregar para que esto no ocurra se refugian a veces  en su inoperancia y otras en la deuda generada para con elpoder de turno como consecuencia de una elección por lo menos, poco transparente de sus cargos”, concluyó que legislador.