Con una ley provincial vigente “anti-remates”, el Banco no cesa de rematar chacras, en las que pierden lo poco que tienen los pequeños y medianos productores, mientras el gobierno provincial y el nacional miran para otro lado y no intervienen. La llamada Ley Anti-remates tiene como objetivo proteger las unidades económicas de productores que cuentan con esa tierra como sustento. En un mismo sentido, la ley nacional 27118 de Agricultura familiar, en su art. 19, suspende por tres años “… toda ejecución de sentencia y actos procesales o de hecho que tengan por objeto el desalojo de agricultores familiares…”

El caso del productor Jorge Ferroni de Allen, con 10 has. y una casa familiar, víctima de una orden de remate, es uno entre muchos que hace varios años son perseguidos por el Banco Nación.

Un gran número de remates han sido “parados” gracias a la intervención de Mujeres en Lucha de Rio Negro, de productores y Cámaras que incluso se movilizaron hasta los lugares de los remates para impedirlos y proteger los bienes de los afectados. Personalmente, intervine también junto a las organizaciones para evitar estos despojos.

Las asimetrías producidas por la falta de políticas que protejan al pequeño y mediano productor, desplazaron a éste de la tierra, y por eso fue importante la medida de no rematar las unidades económicas que son único sustento, como así también lo es la propuesta de declarar en emergencia las economías regionales en nuestra provincia y en el país.  

La deuda original de estos productores, fue creciendo al ritmo de los conflictos y avatares de la economía nacional, de las políticas desacertadas y de un sistema financiero insensible y usurario que no ha tenido en cuenta la situación coyuntural que atraviesan las economías regionales.

Hace 15 años, los remates de campos por aplicación de las recetas neoliberales, eran moneda corriente. Hoy están cobrando fuerza nuevamente.

En Rio Negro, los productores frutícolas perciben desde hace varios años valores que rondan el sesenta por ciento (60%) del costo de producción de sus peras y manzanas, es decir, todos los años pierden rentabilidad. A esto se suma los bajos volúmenes de fruta comercializada este año y la pérdida de miles de kilos de fruta en las chacras, y la falta de transparencia en las operaciones comerciales que sigue siendo perjudicial.

En un contexto mayor, todas las economías regionales del país se encuentran en situación de emergencia debido a largos años de medidas financieras y que terminan ahogando al productor, en lugar de ayudarlo.

La caña de azúcar en Tucumán, que -como el caso del algodón del Chaco-, sufre la expansión de la frontera agrícola de los transgénicos, redujo las superficies de cultivo. En Paraná, Entre ríos, protestan frente al BNA reclamando créditos nuevos y refinanciamiento.  En Tucumán, pequeños productores reclaman financiamiento para la zafra. En Formosa, por subsidios en semillas y agroquímicos, refinanciación de deudas, créditos para afrontar la nueva campaña agrícola de algodón y granos hasta 100 has; en Salta, los reclamos de tierras, de las que son expulsados, entre otros.

Todos los acontecimientos hacen suponer una política despiadada para hacer desaparecer a los productores, en tanto vemos que en los últimos años lo que más ha crecido con claridad  es la concentración de la tierra productiva en pocas manos, la especulación inmobiliaria y la persecución de los productores por deudas.

La tierra es un bien social y esto no merece discusión. Pero para cumplir con ello, se necesita que los Estados apliquen medidas concretas de fortalecimiento a las economías regionales, proyectos para el arraigo a la tierra, que se garantice la transparencia en la comercialización de productos, que se declaren la emergencia económica y productiva, y la suspensión inmediata de los remates judiciales por deudas del Banco de la Nación Argentina en todo el país.
 
 
Senadora Nacional por Río Negro Magdalena Odarda