El presupuesto no vino para ser tratado en cualquier momento, dado que se convirtió en ley y se condiciono injustificadamente la política fiscal del próximo gobierno, aún cuando no se sepa quién será el próximo Presidente de la República ni qué programa económico aplicará, sobre todo teniendo en cuenta que para su elaboración no se ha consultado a los distintos candidatos presidenciales ni a sus equipos técnicos.

Se establece en el proyecto que los gastos corrientes de capital ascenderán a un billón, quinientos sesenta y nueve mil cuatro doce millones de pesos (1.569.412.091.951), previendo una inflación anual del 14,5%, un dólar oficial promedio de $10,60 que subirá a $11,20 en diciembre del año próximo, y un crecimiento del PBI en torno al 3%.

El federalismo fiscal se vio alterado y gravemente dañado a partir de una estimación en los ingresos inferior a lo previsible, permitiendo que el excedente, a la hora de la recaudación, y la creciente inflación, permitiera disponer de esas cifras sin que fuese necesario pasar por el control del Congreso Nacional.

Muchos fueron los gobernadores e intendentes municipales que prefirieron apostar a no realizar planteos importantes al poder central en cuanto a la coparticipación que les correspondía (discusión pendiente desde que se sancionara la Constitución en 1994) y seguir de este modo recibiendo, sin demora alguna, fondos de parte del Estado Nacional para realizar las obras públicas, tan visibles y necesarias para lograr la reelección en sus distritos, o simplemente para sostenerse sin mayores sobresaltos en sus funciones frente a sus comunidades.

Del mismo modo en que se subestimaron los ingresos para lograr luego utilizar los mayores beneficios sin someterse al control legislativo, se eligió también subestimar el crecimiento del gasto para después ampliarlo significativamente por decreto, cubriéndose el déficit con la emisión de moneda, la “maquinita” que finalmente sería complementada con adquisición de deuda pública.

El Ministro de Economía realizaría un pronóstico bastante desacertado el año pasado, cuando previó en su presupuesto 2015 un crecimiento del PBI del 2,8% que no llegaría siquiera a la mitad, a la vez que una inflación del 15,6 % anual que finalmente se ubicaría entre el  25 y el 27%. Al mismo tiempo, estimó un superávit comercial de 9.000 millones de dólares que rebajaría luego a 2.300 millones, a pesar de que algunos cálculos privados lo ubican entre 1.000 y 1.500 millones.

Luego de que el año en curso el gasto público creciera cerca de un 40 % y los ingresos apenas un 30 %, resulta poco creíble que el gasto primario previsto en el actual proyecto solamente crezca durante 2016 un 17 %, sobre todo teniendo en cuenta que supuestamente los recursos crecerían un 21,4 %.

Resultará un particular desafío que los presidenciables sigan prometiendo bajar los impuestos y las retenciones, bajando la inflación y mejorando el tipo de cambio, a la luz de un presupuesto que prevé de antemano un déficit de casi 95.000 millones de pesos.
 

Las consecuencias en la Provincia de Río Negro
 
En la provincia de Río Negro no se han podido fijar debidamente las pautas del presupuesto provincial por encontrarse a la espera de una potencial devaluación y de la coparticipación que finalmente le corresponda a la provincia en base al actual presupuesto. Difícil situación para una provincia que durante el corriente año ha sufrido tal vez la más grande crisis en su industria frutícola por la falta de competitividad observada y por haberse suspendido la exportación frutícola a Brasil por la aparición de carpocapsa.

Tengamos en cuenta que para este presupuesto 2016, por cada 100 pesos que el Estado Nacional destina a obras con financiamiento plurianual (obras que llevan para su ejecución más de un año), sólo 45 centavos serán para la realización de obras en la provincia de Río Negro. En términos absolutos, de los $26.007.053.856 para obras plurianuales, nuestra provincia va a recibir tan sólo $113.458.057.

Por ejemplo, mientras que el año entrante se financiarán las obras sobre la ruta 22 entre Choele Choel y Chimpay en un 11 % del total de la obra, los aportes serán sólo de entre un 0,2 % a un 0,7 % del valor total de las obras durante el año próximo para otros tramos fundamentales de la misma ruta, tales como Chimpay - Villa Regina, Cinco Saltos - Cipolletti o Río Colorado - Choele Choel.

Ni qué hablar del Acueducto San Antonio - Sierra Grande, que de un total de 430 millones de pesos previstos para la obra completa no se destina un solo peso para desembolsar durante el año 2016, condenando así a la privación del más vital de los elementos a la población de esta importante región de la Provincia de Río Negro.

Lo propio sucede con la ruta 23, que para el tramo Maquinchao - Jacobacci (Km. 340 - Km.410), una obra de casi 234 millones de pesos, se prevé exactamente la misma suerte, cero inversión, alejándose cada vez más el sueño de tantos habitantes de la línea sur rionegrina de verse conectados en condiciones seguras e igualitarias con el resto de la provincia.

Respecto del importante problema de la extranjerización de la tierra, denunciada en momentos en que se sancionara la ley 26.337, apenas se prevén $ 3. 368.247.-  para el funcionamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales, organismo creado por dicha ley para garantizar que las tierras en manos de extranjeros no superase del 15 % del total de tierras nacionales. Esta situación posee la particularidad de que ni siquiera se encuentra desagregado dicho presupuesto para poder observarse en qué será invertida dicha cifra, sobresaliendo el hecho de que durante 2015 el mencionado organismo contaba con un presupuesto de $3.342.765, por lo que, teniendo en cuenta la inflación operada, esta área durante el año entrante contará con menos recursos que en el año 2015.

Desde nuestro espacio político venimos proponiendo que se coparticipe en forma total el producido del impuesto al cheque (actualmente es el 30 %) para impedir la excesiva centralización de los recursos en la administración central, reduciendo así los márgenes de discrecionalidad del Poder Ejecutivo nacional en la asignación de fondos, devolviendo los mismos a las jurisdicciones provinciales con mayores grados de automaticidad y transparencia, a la vez que aliviando las arcas provinciales en un contexto macroeconómico adverso.

*SENADORA NACIONAL MAGDALENA ODARDA  RIO NEGRO