El Gobierno de Río Negro envió a la Legislatura un proyecto de Ley que propicia la reglamentación del derecho de prioridad de contratación con el Estado, en favor de las personas físicas y jurídicas radicadas en la Provincia.

La iniciativa, que impulsa el “Compre rionegrino”, indica que las empresas radicadas en la Provincia tendrán preferencia en su oferta cuando en la misma, para idénticas o similares prestaciones y productos, su precio sea igual o inferior al de las obras, bienes y servicios ofrecidos por oferentes no considerados provinciales, incrementados en hasta un 5%.

En los fundamentos del proyecto se remarca que “dicho sistema tiene como fundamento principal, el continuar promoviendo el crecimiento, consolidación y desarrollo de la economía provincial, siempre bajo la premisa de establecer un contexto de reglas que incentive la promoción de la competencia y la participación de un número cada vez mayor de actores de nuestra Provincia”.

Asimismo, el proyecto destaca la necesidad de establecer un mecanismo específico que atienda la particular situación, “relacionada con el hecho de llevar adelante el más importante y ambicioso plan de obras públicas de la historia de la Provincia, el Plan Castello”.

Por otra parte, el documento sostiene que son innegables los importantes efectos multiplicadores que la inversión pública genera en la economía provincial, relacionados con una mayor inversión privada, mayor empleo, más consumo, mayor producción, mayor recaudación y una mejor calidad de vida, los que permitirán lograr el definitivo desarrollo e integración de todas las regiones de nuestro territorio.

Bajo estas premisas, el Gobierno propone la posibilidad de que las empresas rionegrinas se pongan en pie de igualdad con empresas de otras jurisdicciones con las cuales, por cuestiones de escala y otros factores de índole económica, actualmente no pueden competir con la consiguiente salida de importantes flujos de recursos de todos los rionegrinos del circuito económico provincial.

Finalmente, el proyecto deja en claro que el sistema propuesto no significa per se la obligación por parte del Estado Provincial de contratar a proveedores del medio local bajo cualquier condición, sino que consiste en otorgarle la posibilidad a los mismos de mejorar su oferta, al igual que a la empresa foránea, y lograr una nueva instancia con claros incentivos de competencia.