Entre los objetivos que se fijan los ministros está poder mejorar algunas estadísticas que a primera vista resultan alarmantes:

5 de cada 10 jóvenes no termina la educación secundaria.*

86 % de los alumnos de las escuelas primarias no accede a las modalidades de escuelas de jornada extendida o completa tal cual lo indica en su artículo 28, la Ley Nacional de Educación, promulgada el 27 de diciembre del 2006.*

8 de cada 10 estudiantes universitarios no termina la carrera y si a esto le sumamos que sólo 5 de cada 100 adultos de los hogares más pobres accede a un título universitario, el panorama es aún peor teniendo en cuenta que estos números son diametralmente distintos en los sectores de mayor ingreso en los que 54 de cada 100 adultos tienen estudios universitarios.*

Claro está que para mejorar estos índices oficiales y corregir las falencias que arrastra nuestra educación, no alcanza un acta, para ello es necesario un compromiso real y concreto en las políticas que se definen tanto a nivel nacional como en cada uno de los distritos.

Durante el gobierno anterior se avanzó en el encuadre normativo, aunque dejando enormes deudas pendientes como por ejemplo la reforma de la Ley de Educación Superior. Este encuadre normativo exigía al Estado el cumplimiento de metas que sólo parcialmente cumplió.

Esta claro que la universalización de la jornada extendida o completa fue convirtiéndose en muchas provincias en un “como si”, es decir se implementó de manera irregular, sólo parcialmente y con modalidades que en su estructura nada tienen que ver con el objetivo fijado por la Ley 26206 (Ley Nacional de Educación). Esta Ley que se propone dentro de sus objetivos para el nivel Primario “Garantizar a todos/as los/as niños/as el acceso a un conjunto de saberes comunes que les permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar, escolar y comunitaria”, lejos estamos de este propósito si hay grupos de estudiantes que acceden a una formación ampliada en contenidos y carga horaria y otros que no.

Como decía en una parte de este documento, no alcanza con la manifestación de buenas intenciones si dentro del acuerdo firmado en Purmamarca se fija como objetivo sostener, en los próximos años, el 6 % del PBI para financiar el sistema educativo en su integralidad –como es en la actualidad- es imposible pensar en un cambio “revolucionario”. Basta con analizar cuál ha sido la principal dificultad para dar cumplimiento a la Ley de Educación para darnos cuenta que en los próximos años si no logramos mejorar el presupuesto educativo dando la pelea en cada uno de los espacios donde se disputan los recursos, no sólo no se podrá avanzar en corregir las dificultades del actual sistema, lo que vendrá será peor ya que los recursos, luego de las medidas económicas tomada por el macrismo, alcanzan cada vez para menos.

Quizás, sosteniendo lo que los diputados socialista hicieron al momento de dar el debate sobre el financiamiento del sistema educativo, atar el crecimiento de los recursos destinados a educación sólo al PBI es por lo menos parcialmente economicista. Para quienes entendemos a la educación como una herramienta cultural fundamental para garantizar la emancipación de todos/as, generando ciudadanos libres, la inversión debe ser la necesaria y no la que según la economía “se pueda”.

Otro desafío importante que manifestaron los ministros reunidos en Jujuy, es el de mejorar “revolucionariamente” la “calidad” educativa, temática que se relaciona directamente con la formación y evaluación permanente de los trabajadores/as de la Educación. En este punto, que va a encontrar la resistencia organizada de las centrales obreras que nuclean a los docentes, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales deberán entender que mejorar la “calidad” educativa no debe pasar por evaluar el trabajo docente tal cual lo fijan los parámetros economicistas de calidad educativa. Deberán los gobiernos fortalecer la formación docente, mejorando la formación que se imparte en los institutos, para lo cual la inversión en estos deberá multiplicarse tantas veces como sea necesario. Hoy en la mayoría de los Institutos de Formación Docente del país ni siquiera se cuenta con edificios propios y ni que hablar de materiales didácticos y bibliotecas específicas, salvo honrosas excepciones los institutos no han tenido en la mayoría de las provincias el tratamiento adecuado a la hora de distribuir recursos.

Además, la formación permanente en servicio –esto quiere decir dentro de su carga laboral-, y por supuesto gratuita, es esencial para mejorar la calidad educativa. Así como entender que los espacios institucionales para evaluar el proceso de trabajo escolar, pudiendo las instituciones hacer una pausa cuando fuera necesario para resolver colectivamente las dificultades que se presentan, no son una pérdida de tiempo y por ello deben tener la misma importancia que estar frente a los alumnos.

Inversión y calidad son los debates que se vienen, donde las condiciones de trabajo, formación y salariales de los trabajadores/as de la educación deberán estar como punto central en la agenda de los funcionarios.

Paolo Etchepareborda
Presidente Partido Socialista
Río Negro