De este modo, se pretende que la FUNBAPA vuelva a ser la encargada de ejecutar los planes operativos correspondientes a los programas sanitarios y sistemas cuarentenarios, como lo fue hasta el 31 de diciembre de 2014, oportunidad en que los mismos pasaron a la órbita del SENASA.

El pedido rionegrino, dirigido al ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y el presidente del SENASA, Jorge Dillon, se fundamenta en las dificultades evidenciadas por el organismo nacional para mantener la labor sobre todo de los puestos de control de la barrera sanitaria en distintos puntos de nuestra provincia, y que se vieron evidenciados con las recientes medidas de fuerza de los trabajadores, que significaron el levantamiento de los controles cuarentenarios en dichos lugares.

Esta situación de conflictividad casi permanente con el gremio que nuclea a los trabajadores, sumado a otras cuestiones que hacen al propio funcionamiento de los controles han generado una luz de alerta ante la posible vulnerabilidad de los sistemas sanitarios patagónicos.

En tal sentido, se remarca que el regreso de la administración de las barreras a manos patagónicas significaría un plus en los controles cuarentenarios para garantizar el cuidado de los logros obtenidos por la Patagonia en materia zoofitosanitaria a lo largo de las últimas décadas gracias a un enorme esfuerzo compartido entre el Estado y los productores. La gran cantidad de áreas de incumbencia del SENASA podría generar que no se ponga toda la atención requerida para este objetivo.

De esta manera, el Estado rionegrino quiere asumir el rol de garante del cuidado del status sanitario alcanzado, razón por la cual solicitó la devolución del manejo de la barrera zoofitosanitaria a la órbita de la FUNBAPA.

Muy alto acatamiento al paro

En la tercera jornada, de los diez días de paro de los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),  la adhesión a la medida es total: entre otras situaciones, los trabajos cotidianos se encuentran totalmente paralizados; las barreras de control zoofitosanitario, levantadas; y la sede Central de la Regional Patagonia Norte, tomada.

"Al escenario de adhesión creciente que tenemos desde los primeros días de la medida, se suman ahora nuevos sectores", señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Río Negro y completó: "En el resguardo fitosanitario de Centenario hay una inmensa fila de camiones con carga de fruta detenidos. Las frutícolas se ven afectadas en el comercio de frutas a diferentes partes del mundo por el paro de profesionales. Se redujo la drásticamente la revisión de la fruta en el resguardo fitosanitario de Villa Regina. Las oficinas están totalmente paralizadas y desde ayer se sumaron también los trabajadores de Sanidad Animal".

¿Gendarmería en Río Colorado?

Desde algunos sectores del Gobierno Provincial se comenzó a correr la versión que Gendarmería Nacional sería convocada para intentar neutralizar la medida de fuerza de los trabajadores estatales en la ciudad de Río Colorado. Frente a esta posibilidad, desde ATE se lanzó el alerta a todos los militantes y dirigentes.

En cuanto a éste posible panorama Aguiar manifestó: "No estamos contentos con lo que está pasando. El uso de la policia y la fuerza no es lo que necesitamos. Todo conflicto con los trabajadores necesita respuestas políticas. Quienes gobiernan son los responsables ante los riesgos que corre el status sanitario".

Por su parte Rodrigo Vicente, Coordinador de los Trabajadores Nacionales de ATE Río Negro, señaló: "Sabemos que frente a esta medida de fuerza nacional, los Gobiernos van a continuar con la intención de judicializar la protesta social y aplicar el protocolo antipiquetes. Debe quedar claro que, ante la mínima posibilidad de desalojo nos movilizaremos de toda la provincia a las barreras de Río Colorado para sostener las acciones en esa localidad",

La medida de fuerza 

Cabe recordar que la medida, enmarcada en una Jornada Nacional de Protesta, se lleva a cabo en rechazo a la reducción de fondos para el presupuesto 2017. Es que en el Presupuesto 2017 se prevé un gasto de 3.746 millones de pesos, mientras que los ingresos proyectados en concepto de tasas, aranceles y el porcentaje de las importaciones superan los 6.192 millones. Se está aplicando un ajuste de 2.446 millones, reduciendo a la mitad el funcionamiento operativo respecto de 2016.

Las demandas del sindicato son:

• Aumento del presupuesto acorde a las necesidades reales que garanticen el correcto funcionamiento del organismo.
• Aumento salarial que cubra los valores de la actual Canasta Familiar Total.
• Bono de fin de año y apertura de la paritaria sectorial para el segundo semestre.
• Pase a planta permanente de todos los contratados.
• Nueva estructura con más vacantes de planta permanente.
• Rechazo a la derogación del decreto 4238.
• Efectivización de los concursos 2014.
• No a la automatización (certificación electrónica).