Tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, por el cual se habilita la aplicación del 2 x 1 para condenados de delitos de Lesa Humanidad, los legisladores Marcelo Mango y Carina Pita requieren al Honorable Congreso de la Nación, "iniciar de inmediato  las actuaciones a fin de someter a juicio político  a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El motivo es haber dictado el fallo por el cual se reduce la pena del represor Luis Muiña acusado y condenado en 2011 a trece años de cárcel por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar que gobernó el país entre el 24 de marzo de 1.976 y el 10 de diciembre de 1.983.

Por su parte, Marcelo Mango expresó que "este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no sólo legaliza la política de "olvido y reconciliación" del gobierno PRO, sino que expone a nuestro país al descrédito internacional al clausurar la política de Memoria, Verdad y Justicia, a raíz de la cual el Estado argentino es ejemplo en todo el mundo".

Vale recordar que Mauricio Macri, a tan sólo cuatro días de haber asumido como Presidente de la Nación, emitió el Decreto Nº 83/15 por el cual designó como Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los Doctores Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rossati. Ambas designaciones revestidas en carácter por Decreto y en comisión.

“Quienes sí tenían conocimiento que la determinación del Presidente constituía una violación a la división de poderes (uno de los principios del sistema republicano de gobierno consagrado en la Constitución Nacional) eran los propios designados. Porque el más común de los mortales comprende, que cuando alguien es designado "en comisión", es para que actúe en nombre de quien lo habilitó", completó el legislador Marcelo Mango.

Por último, ponen en duda que los Drs. Rosenkrantz y Rossati sean poseedores de una "correcta valoración de sus aptitudes morales", de la "idoneidad técnica y jurídica" necesarias, y que sus trayectorias brinden certezas del"compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos", siendo que aceptaron ser nombrados por Decreto y en comisión.

"En definitiva, si no se revierte el fallo en cuestión, estaríamos frente a una tácita amnistía para los genocidas y una segura impunidad para los civiles mandantes de la dictadura que aún no han rendido cuentas ante la justicia", concluyeron los legisladores.