El bloque del Frente de Todos propuso
nuevamente crear una comisión de ordenamiento territorial y un banco de
tierras, como alternativas legislativas para avanzar en posibles soluciones a
la imposibilidad de acceso a lotes sociales que sufren miles de familias
rionegrinas en las distintas localidades de la provincia. Además, pidió
informes sobre la falta de avance durante los últimos cinco años en el
cumplimiento de la ley que ordenaba la toma de posesión de casi 25 mil
hectáreas irregularmente transferidas a privados antes de 2011.
En mayo de este año, esa bancada, por
medio del legislador Alejandro Marinao y de la presidenta María Eugenia
Martini, insistió con un proyecto que el propio representante de la Línea Sur
-en ese momento junto a Jorge Vallaza- presentó en 2016 y en 2018, en ambos casos
sin tratamiento parlamentario.
La iniciativa recomienda la creación
de una Comisión Especial para el Ordenamiento Territorial y Protección de
Recursos Ambientales y Paisajísticos que diagnostique la situación actual de la
distribución territorial, facilite la instrumentación de mecanismos que
permitan un proceso de ordenamiento y asegure la preservación del medio
ambiente posibilitando, en definitiva, que más familias accedan a lotes donde
proyectar su futuro.
Marinao y Martini recordaron que en 2012
se creó la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de
Tierras Rurales que presentó su informe final en 2015. Ese vasto trabajo,
realizado en conjunto con la Universidad Nacional de Río Negro, concluyó que
“desde la conformación del estado provincial -año 1955– hasta la actualidad, se
advierte cómo la falta de una política pública de ordenamiento territorial
provincial ha traído aparejado no sólo la concentración de la tierra en pocas
manos, sino también la expulsión de los pobladores rurales y comunidades
indígenas hacía los centros urbanos ubicándose, en la mayoría de los casos, en
sectores periféricos”.
El manejo discrecional e irregular de
las tierras fiscales en la provincia quedó expuesto en ese informe final que
reportó en ese lapso más de 140 denuncias sobre la entrega fraudulenta de
tierras públicas a privados. Tal como sucedió con los proyectos de 2016 y 2018,
el presentado en mayo por Marinao y Martini tampoco fue debatido.
A esta propuesta se suma una más
reciente, de Pablo Barreno, con el resto del bloque FdT, que impulsa “la
implementación de un fondo para adquirir tierras, fundamentalmente dirigido a
suelos ociosos, recurriendo a las formas tradicionales o implementando
herramientas modernas de redistribución”. “Este banco de tierras se conformará
con el aporte del 10% del monto resultante de la diferencia entre lo recaudado
por el impuesto inmobiliario en la categoría inmuebles urbanos y lo recaudado
por el impuesto inmobiliario en la categoría inmuebles suburbanos”, explicó
Barreno. Además el Estado provincial dispondrá el 10% de las tierras bajo su
dominio, ubicadas en cada ejido municipal.
Lo ocurrido días atrás en Loma del
Medio, en El Bolsón, es un ejemplo más de una larga cadena que culmina en la
Justicia como resultado de la ausencia de un Estado que no aplica la normativa
vigente.
En Río Negro, existen asentamientos
precarios registrados en distintas ciudades de la provincia: 40 en Cipolletti,
que comprenden a 6.000 personas; 14 en General Roca, donde viven 5.000
personas; 12 más en Bariloche, que habitan otras 6.000; 7 en Viedma y 2 en
Villa Regina con 5.000 y 3.000 vecinos respectivamente en condiciones de total
precariedad. El relevamiento es parcial, pero el problema tiene magnitudes de
emergencia.
Por ello, además, la bancada del
Frente de Todos pidió al Ejecutivo provincial precisiones sobre las políticas
públicas que implementa el gobierno para facilitar el acceso a la tierra.
Solicitó, en un escrito ingresado esta semana a la Legislatura, que se informe
si se cumplió con la ley 5010, sancionada en 2014, -que dejó sin efecto los
actos administrativos de la Dirección de Tierras de la Provincia 176/1997,
109/2006 y 532/2006 y todos los actos dictados en consecuencia- que ordenaba la
toma de posesión de esas tierras por parte del Estado Provincial.
Esa norma establece la restitución al
Estado provincial de 32 hectáreas ubicadas en El Bolsón, que deben transferirse
luego a la municipalidad, con destino a lotes sociales. Del mismo modo la Ley
4874 de 2013 restituye 24.638 hectáreas al Estado provincial. “Algo con lo que
no avanzó el gobierno de Alberto Weretilneck y tampoco lo hizo hasta el momento
el de Arabela Carreras”, manifestó el legislador Alejandro Marinao.
“Detrás de los sucesos de El Bolsón,
que deberá definir la Justicia, se incumplen las leyes que promueven la
recuperación de tierras fiscales cedidas a precio vil, se incumple el mandato
judicial que ordenó la apertura del camino de Tacuifí a Lago Escondido, entre
otras irregularidades”, señaló la presidenta del bloque del Frente de Todos,
María Eugenia Martini.
“Vemos que hay un desinterés, o un interés
desconocido en no avanzar con políticas públicas que resuelvan el problema de
fondo que es el del acceso ordenado y racional a la tierra”, indicó. “Nos
preguntamos por qué el Estado provincial invirtió incontables horas de
análisis, esfuerzo y dinero en encontrar una solución a la problemática de la
tierra, y por qué, teniendo desde hace años esas herramientas en sus manos, no
las aplica”, concluyó Martini.
25 abril 2024
Río Negro