Nota de Opinión

Por: Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro.

La comisión debe pagarla el propietario. Afirmación que asusta y pone en alerta a las inmobiliarias, es decir al Mercado, que rápidamente hace lobby sobre los representantes del pueblo para defender sus intereses, como ocurrió con las dos leyes nacionales que volteó antes que este año se aprobara la nueva Ley de Alquileres, y como ocurre hoy en día en el concejo de Viedma y Bariloche, cuando se los quiere obligar a cumplir con la ley.

Pero esa afirmación no la dicen los inquilinos, lo dice la Ley Provincial 2051 en su artículo 26 inciso g, desde el año 1988 que se encuentra vigente, y que crea los colegios de martilleros y corredores públicos en nuestra provincia.

Para no cumplirla ellos señalan que existe la Ley de Desregulación Económica Nacional para profesiones liberales, pero que en ningún caso se contrapone a la ley provincial. Si esto fuera así, no podría haberse aprobado en CABA (hace tres años), la ley que obliga cobrar ese dinero a los propietarios. Luego ocurrió lo mismo en La Pampa, en el 2018. Ambas normativas están vigentes, y por supuesto fueron llevadas a la justicia por los martilleros, que perdieron en los fallos que declararon a la misma como "inconstitucionales".

Es importante señalar que tanto en CABA como en La Pampa, nunca estuvo en discusión que la Ley de Desregulación Económica de Menem y Cavallo colisionara en absoluto con la normativa que efectivamente ambas cámaras legislativas votaron.

En ambos casos, se indica que el cobro de esa comisión a los inquilinos es  uno de los principales obstáculos para que los ciudadanos y ciudadanas cumplan con el derecho constitucional de acceder a la vivienda, que significa un mes más de alquiler y expulsa a muchas personas a la informalidad, o a las tomas de tierras como ocurre ahora.

Es más, en ambos casos se señala que no sólo no colisiona con la Ley de Desregulación Económica, sino que además el pacto contractual no se realiza con el "potencial" inquilino, sino con el propietario que es quien en primer lugar contrata los servicios del martillero cuando lleva su vivienda para que sea alquilada.

Ambos fallos también señalan que no afecta el "libre" trabajo de los martilleros/as, porque la ley no les impide cobrar la comisión, sino que lo que regula es que se la cobren a su "comitente", a los propietarios, ya que son los que "generan el negocio" de beneficio para sí. Y excluyen al inquilino/a que sólo busca concretar un derecho constitucional, y eso no puede verse afectado por leyes ni por prácticas de ningún tipo.

Para ponerlo en términos sencillos, señalemos el siguiente ejemplo. Alguien quiere vender un auto, y lleva el vehículo a una concesionaria. El vendedor, hace lo suyo, lo vende. Nadie discute que es el propietario quien deja "la comisión" por esa venta.  A nadie se le ocurriría pensar que el comprador es el que debe pagar por el negocio que hace el propietario y el intermediario. Y en este caso, ni siquiera hay un Derecho Constitucional en juego.

¿Y por qué el Mercado Inmobiliario actúa de esta forma? Simple: ambos fallos señalan que el inquilino/a es la parte más débil, y como el mercado de alquileres de vivienda permanente es monopólico (concentra el 80% de la oferta), puede imponerle condiciones a los locatarios/as (que son los que sí o sí necesitan alquilar) pero no a los propietarios (no puede decirles, básicamente, "sino te gusta, te vas").

El cobro de la comisión inmobiliaria hoy afecta terriblemente el ingreso a una vivienda, y más en tiempos de pandemia. Un alquiler promedio se encuentra entre 25 mil y 30 mil pesos para una familia tipo. Para ingresar a una vivienda una familia debe pagar el mes de ingreso, el mees de depósito, la comisión (aunque ilegal) inmobiliaria, más los sellados. Es decir, estamos hablando de unos 80 mil a 100 mil pesos. Sin contar los gastos de una mudanza. ¿Quién tiene ese dinero? Nadie.

En este sentido, desde la Unión de Inquilinos Rionegrinos, pedimos a los representantes del pueblo que tomen la decisión política de defender a los más débiles, a las mayorías (el 21% de los habitantes de una ciudad, son inquilinos/as), y que tengan la fortaleza de hacer cumplir la ley vigente para romper con la lógica que unos pocos han logrado naturalizar, con simples fines económicos.