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Si el principio es el de control reciproco de los poderes, algo evidentemente esta fallando. ¿Qué poder controla al Judicial? ¿Qué posibilidad tenemos como pueblo para controlar a los jueces si a diferencia de los otros dos poderes, no los podemos votar?
Hoy asistimos a una muestra mayor del poder casi irrestricto que tiene un juez en el fallo que ordena a un establecimiento de salud a que suministre Dióxido de Cloro a una persona con COVID19. Una sustancia que NO es medicación, y que la Asociación Toxicológica Argentina, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la Sociedad de Toxicología y Ambiente Córdoba y la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, entre otras rechazaron su aplicación y no está autorizada por ANMAT. Es decir que no existe ente oficial que sostenga o recomiende su utilización. Es por ello que lo resuelto por este juez es lisa y llanamente ponerse por encima de cualquier otra autoridad, por encima de todo el sistema de salud pública y privada y por encima incluso de la voluntad del personal de la clínica. No hablamos aquí de la decisión individual de un adulto de tomar una sustancia determinada, sino de una orden judicial que es el mero ejercicio de un poder sobre las personas que se hace sin ninguna racionalidad y que es ejecutable salvo que pueda ser recurrida. Algo tan peligroso como irresponsable.
Pero esto es la muestra diaria de la necesidad de que el Poder Judicial o los poderes judiciales sean democratizados y controlados suficientemente para frenar decisiones despóticas y autoritarias despojadas de toda racionalidad. Tiene que existir el control popular de jueces y funcionarixs porque si la lógica resolutiva de este fallo se sigue generalizando, pronto tendremos un gobierno de jueces que nadie eligió. Los límites y controles entre poderes están desbalanceados y es muy claro que el judicial no es democrático y cada tanto hace gala de esto.
Democratizar es solo el principio de la construcción de un Poder Judicial que sea lo mas parecido a la Justicia. El debate sobre su realización debe estar despojado de limitaciones o de encasillamientos cosméticos, y las organizaciones populares tienen la responsabilidad de impulsar los debates necesarios.
* Emiliano Sanhueza
Secretario General
SITRAJUR
16 noviembre 2024
Opinion