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La próxima semana inicia con un nuevo capítulo del lawfare que el macrismo implementó en la Argentina y que continúa en la provincia, merced a las groseras irregularidades que algunos fiscales han cometido con la intención de lastimar el buen nombre y honor de dirigentes políticos y ex intendentes del Frente de Todos.
Desprovistos de objetividad, con una parcialidad manifiesta, sin ética ni pudor alguno, los representantes del Ministerio Público José Chirinos, Julieta Villa, Matías Stiep y Guillermo Lista, junto a la coordinadora de casos, Graciela Echegaray, hicieron trascender a los medios de Prensa que formularán cargos en la causa conocida como Techo Digno, a quienes ejerciendo de pleno sus funciones, comprometidos con la realidad social y, con total respeto a las leyes vigentes, llevaron adelante en sus municipios este programa solidario de viviendas.
Los abogados defensores de quienes son hoy objeto de este dislate judicial, presentaron una fundada recusación a los fiscales, aduciendo la falta de autonomía y pérdida de objetividad manifiesta de parte del Ministerio Público, en el curso de esta investigación.
Con su accionar sesgado y direccionado, declinando la reserva y el decoro que demandan los procesos judiciales, los fiscales se pronunciaron ante el periodismo de manera anticipada y explícita adelantando sus dictámenes, prejuzgando públicamente y apartándose de todos los estándares de legalidad y objetividad que deben regir sus actuaciones.
Bajo las instrucciones del Fiscal General, la fiscala “coordinadora”, Graciela Echegaray, se arrogó su intervención en la instrucción de todos los procesos y legajos subrogándose la opinión o juicio de valor de los fiscales “coordinados”. Grave desprolijidad que nos lleva a considerar que los fiscales de grado no están trabajando con la autonomía que la Ley exige.
Podemos asegurar que responden a instrucciones de sus superiores, más que a sus propias decisiones en función del conocimiento de la prueba colectada.
Sabemos que se realizaron entrevistas con el perito contable que analiza los expedientes y los fiscales de las distintas circunscripciones para unificar criterios, cuestión que no obra en los legajos ni ha sido informada a las defensas, lo cual implica ocultar evidencia que podría ser sustancial para avanzar en la formulación de cargos.
Como si todo esto fuese poco y no bastase para advertir el grave rol que cumplen los funcionarios judiciales en este caso, tuvimos noticia a través de los medios de Prensa acerca del avance de las investigaciones y del pedido de formulación de cargos.
Palmaria verdad: los fiscales actúan abroquelados, obedientes y dependientes en expedientes distintos, con planes distintos e imputados distintos. La imparcialidad y la objetividad se encuentran claramente afectadas. La razón de Justicia ha sido tristemente mancillada.
Por todo ello, nuestras defensas requirieron el inmediato apartamiento de los fiscales. Reclamamos que la investigación se ajuste a derecho. Que se nos den garantías de que nuestros casos serán tratados sin parcialidad, con la rigurosidad y la seriedad que hacen a los procedimientos que rige la Ley para poder brindar las respuestas que la sociedad merece.
Tenemos la tranquilidad absoluta de haber actuado de manera legal y legítima, en el ejercicio de nuestros deberes como funcionarios y representantes elegidos por voluntad popular.
Nunca más lawfare en Argentina. Nunca más la criminalización de los liderazgos democráticos. Instamos a la Justicia rionegrina a que haga primar la Constitución y las Leyes por encima de cualquier interés político, partidario, sectorial o personal.
Firmantes: Pedro Dantas, Luis Ivancich, Daniel Belloso, Gilberto Montanaro, Alejandra Mas y María Eugenia Martini
16 noviembre 2024
Opinion