Desde la Asamblea del Curru Leufu, espacio que nuclea
asambleas socioambientales de la provincia de Río Negro, consideramos que la expansión
de espacios de discusión y militancia socio-ambiental revela una creciente
conciencia en el pueblo rionegrino. Esta
tiene que ver con la necesidad de defender la tierra y el agua del
avance de una política nacional y provincial que apuesta por la megaminería y
el fracking, presentando a este extractivismo como “la salvación
económica”.
Río Negro presenta una preocupante situación ambiental.
La megaminería en Calcatreu, cercana a la localidad de Ingeniero Jacobacci –
Huawel Niyeo- es una mina de oro y plata, hoy en estado de exploración por
parte de la empresa multinacional Patagonia Gold. Mientras que Amarillo Grande
es otro proyecto minero, este cercano a la localidad de Valcheta y que se
extiende hasta ciudad valletana de Villa Regina. Allí la empresa canadiense
Blue Sky pretende extraer uranio a cielo abierto.
En cercanías al puerto San Antonio Este, la mina de oro y
zinc San Roque reedita temores y enciende alarmas en una comunidad que aún no
se recupera del desastre residual de Mina Gonzalito -que explotó plomo y zinc-
dejando una gran contaminación de plomo en sangre en la población de San
Antonio Oeste. Las empresas canadienses Marifil y Nova Gold son las
propietarias.
También debemos nombrar la mina de oro El Rosillo en
cercanías de Pilcaniyeu –de la mano de la empresa E2 Metals Limited, australiana– y, el otorgamiento de
permisos de cateo a la empresa australiana Ivael Mining SA, por parte del
Estado. Este avance extractivo se realizó sin la consulta previa, libre e informada a las comunidades en cuyos
territorios se planea desarrollar las tareas de exploración para la búsqueda de
minerales. Violando de esta manera a los
derechos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT (Organización
Internacional del Trabajo). Por este atropello muchas de las comunidades
mapuche-tehuelche tomaron la decisión de cerrar sus tranqueras a las mineras y
han presentado recursos de amparo.
Otro de los temas alarmantes es el método de fractura
hidráulica -fracking- que avanza destruyendo la fruticultura en el Alto Valle.
Además de la contaminación ambiental provoca enfermedades que la población
viene denunciando en la localidad de Allen. También preocupan los proyectos de
extracción y transporte de arenas silíceas para el fracking en la meseta
rionegrina, ya son 22.000 hectáreas aprobadas para la extracción ubicadas desde
el Valle Azul -a la altura de Villa Regina- hasta el Bajo de Santa Rosa en
cercanías a la localidad de Valcheta. Explotación aprobada incluso en un Área
Natural Protegida. El uso intensivo de agua para su lavado en la planta de
Allen por la empresa NRG representa un volumen cercano a la mitad del consumo
de agua de la población de la ciudad en donde está asentada.
La contaminación del río Negro a lo largo de sus 700
kilómetros de recorrido lo venimos denunciando desde hace tiempo: el volcado
directo de residuos cloacales, el vertido de desechos de las granjas de cría
intensiva de ganado, el uso de agrotóxicos, el avance de emprendimientos
inmobiliarios sobre la costa y la incidencia de metales pesados producto del
fracking, entre otros factores. Además del uso de millones de litros de
agua para todas las prácticas extractivistas
en un momento de crisis hídrica –en relación con este conflicto ambiental, un amparo presentado en
el 2015 se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación–.
Asimismo, constituye un crimen ambiental el vertido de
efluentes cloacales sin tratamiento alguno que no paran de ingresar al río
Colorado. En las últimas décadas la localidad neuquina de Rincón de los Sauces
creció aceleradamente al ritmo de la actividad petrolera. Pero su planta de
tratamiento de líquidos cloacales funciona cada vez peor.
Por último, cabe mencionar el hidrógeno verde. En los
últimos meses, esta producción pasó de no estar contemplada en la planificación
provincial a ocupar un lugar de
relevancia en la agenda del gobierno rionegrino. Se trata de un vector energético
que se obtiene a partir del agua
mediante el proceso de electrólisis. Con mucha preocupación, denunciamos la
falta de información oficial sobre la implementación de este megaproyecto y
sobre sus posibles consecuencias ambientales y sociales.
Especialmente, nos preocupa el silencio existente acerca
del origen del agua que se utilizará, ya que para producir 100.000 toneladas de
hidrógeno al año se requiere el uso de agua equivalente al 60% del consumo
anual de San Antonio Oeste. No se descarta la posibilidad de que se extraiga el
agua del río Negro, comprometiendo seriamente la disponibilidad de este recurso
para consumo de la población, sobre todo la del Valle Medio e Inferior, San
Antonio y Las Grutas, en un contexto de gravísima crisis hídrica y de colapso
ecológico. La provincia elaboró el Plan Estratégico Hidrógeno Verde Río Negro
(H2VRN) para avanzar con su producción, pero esa producción estará orientada
casi exclusivamente a la exportación a los países enriquecidos del Norte.
Las Asambleas del Curru Leufu nuclean a varias asambleas
socioambientales de la provincia. En ese
espacio se articulan estrategias de acción y recursos para resistir el extractivismo saqueador que beneficia a los
empresarios y perjudica a los pueblos, dejándolos sin sus bienes comunes, sin
generar trabajo digno, produciendo impactos en la salud, además de consumir y
contaminar el agua. En cambio no se favorece la producción genuina, la
agroecología, las energías limpias y descentralizadas o la preservación de las cuencas
hídricas y los territorios. Además, exigimos que frente a cada proyecto se
realice un estudio serio de impacto ambiental y la consulta previa, libre e
informada a las comunidades afectadas.
El año pasado se presentó mediante el mecanismo de iniciativa
popular un proyecto de ley que prohíbe
la megaminería metalífera contaminante. En nuestra provincia las empresas usan
cianuro, mercurio y otros elementos altamente tóxicos que contaminan la tierra,
el agua y el aire, destruyendo el territorio. Se intenta reunir obligados por
el Estado en concejos deliberantes, juzgados de paz y comisarías de cada
localidad, las 17.000 firmas necesarias para que la Legislatura trate el
proyecto de ley antimegaminero presentado. Este mecanismo de recolección -sólo
habilitado en estas instituciones nombradas- nos resulta restrictivo, generando una lentitud
en la reunión de la cantidad de firmas.
Solicitamos ampliación a la posibilidad de juntar las firmas desde las
Asambleas en directo, en contacto con la gente y que luego sean verificadas por
un concejal, u otro funcionario como por ejemplo se está pudiendo realizar en
Ingeniero Jacobacci – Huawel Niyeo-.
Finalmente, expresamos que la poca agua disponible,
debido a la crisis hídrica, se utiliza para el extractivismo contaminante,
mientras muchos barrios de Bariloche, Fiske Menuco (Roca), Las Grutas y San
Antonio les falta agua potable, incluso en plena pandemia no tuvieron acceso.
En Bariloche han tenido serios problemas los barrios del
Frutillar, Nahuel Hue, Vivero, Nueva Esperanza II, El Trèbol, 34 hectáreas y
Lomas del Cauquen. Hace más de un año, producto de la movilización, el ministro
de obras públicas de la provincia, Carlos Valeri prometió una obra para sacar agua del lago Gutierrez, pero nada se
ha hecho. Los vecinos han pedido audiencia con el intendente Gustavo Genusso y
se han reunido con concejales, pero ni ellos ni la defensora del pueblo se han
ocupado de este acuciante tema.
Reclamamos a intendentes y al gobierno provincial, que
atiendan en forma urgente estas necesidades básicas de los vecinos. Una
situación similar se vive en los barrios de Fiske Menuco(Roca) de Alta Barda,
Quinta 25, Gómez y Barrio Nuevo. En el otro extremo de la provincia, les
vecines de Las Grutas y San Antonio, vienen denunciando la escasez de agua,
problema que se acrecienta con la llegada de turistas de todo el país.
Este 22 de marzo próximo se conmemora el día mundial del
agua, desde las Asambleas del Curru Leufu nos interesamos por concientizar a la
población y exigir a los gobiernos su cuidado. Frente a la emergencia hídrica
que atraviesa la provincia, se vuelve necesario implementar políticas públicas que
privilegien el uso del agua para el consumo humano, la agricultura, la
ganadería, y no para la minería, el fracking u otros proyectos extractivistas
que solo buscan obtener una mayor renta. El capitalismo ha avanzado
transformando los bienes comunes de la naturaleza, como el agua y la tierra, en
mercancías comercializables, accesibles sólo para quienes puedan pagarlas.
Desde las luchas ambientalistas sostenemos que el agua es vital para la vida de
los seres humanos y de todas las especies, por lo tanto, es un derecho humano
fundamental de los pueblos y nunca una mercancía más.
Asambleas del Curru Leufu:
Asamblea Antimegaminería Bariloche
Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio Neyen Mapu
(Valcheta)
Asamblea por el Agua y el Territorio Huawel Niyeu ( I.
Jacobacci)
Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas
Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones
Asamblea Socioambiental de Cipolletti
Asamblea Permanente por el Río Colorado
Asamblea Socioambiental Valle Medio
Asamblea Ambiental Interpueblos Huergo, Regina, Godoy y
Chichinales
16 noviembre 2024
Opinion