Bloque de legisladores del Frente de Todos

Tal como lo expresáramos en la pasada sesión legislativa del 17 de noviembre los legisladores y legisladoras del Frente de Todos, reiteramos nuestro rechazo al proyecto de Ley 1317 de modificación del Fondo Provincial de la Energía Eléctrica impulsado por Juntos Somos Río Negro, que crea un nuevo cargo equivalente al 5% en las facturas residenciales, comerciales e industriales de electricidad en Río Negro.

De acuerdo a la nueva norma aprobada por el Frente Renovador, el Frente Grande y el legislador Luis Noale, junto al oficialismo, dicho sobrecargo estaría destinado a la creación de un fondo específico para la realización de obras de infraestructura previstas por el Plan Director Eléctrico diseñado por la secretaría de Energía.

Vemos con profunda preocupación la falta de previsión de un Gobierno provincial que hace más de una década administra la provincia, pero recién ahora advierte que la situación, en cuanto a la provisión de energía eléctrica en Río Negro es crítica y que hay que hacer obras urgentes que deberán pagar las y los rionegrinos.

Que nuestros pequeños y medianos empresarios, que nuestros comerciantes, que nuestros usuarios residenciales sepan que se trata de un nuevo impuesto encubierto, creado en un contexto de grave crisis social e incertidumbre en el país.

Y del mismo modo, las inexistentes gestiones del Gobierno de la provincia para obtener, a lo largo de los años, un financiamiento alternativo para evitar la crisis de infraestructura en la provincia y no recurrentemente de los bolsillos de los trabajadores rionegrinos.

La improvisación y el apuro con que fue redactado este proyecto de Ley resultan alarmantes.

Carece de previsiones y de parámetros. Entre otras cuestiones, por ejemplo, no se sabe durante cuánto tiempo los rionegrinos deberemos continuar pagando este nuevo tributo ni sabemos a ciencia cierta cuánto se recaudará.

No hay un cronograma ni un detalle técnico sobre las obras que la provincia necesita y de las que sólo se conoce que tendrán, en conjunto, un costo final de 100 millones de dólares.

En total, bajo el maquillaje de un proyecto técnico, no se trata más que de un nuevo manotazo al bolsillo. De un cheque en blanco que el oficialismo y sus adherentes le han firmado a la nueva administración que asumirá el 10 de diciembre.

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina, la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca, la Asociación de Productores del Alto Valle entre otras instituciones y productores independientes, expresaron también su rechazo y coincidieron en que inevitablemente se corre el riesgo de que el nuevo tributo creado por el Gobierno provincial se traslade a los precios de productos y servicios.

Se trata de una Ley exclusivamente tributarista y poco seria, impuesta en un momento en el que resulta irresponsable cargar sobre las espaldas de rionegrinos y rionegrinas un nuevo gravamen que más que a la infraestructura eléctrica irá a tratar de salvar la imprevisión y la falta de gestión del Gobierno.