ATE criticó la restitución del Impuesto a las Ganancias

Rodolfo Aguiar señala que el decreto 652/24 afecta desproporcionadamente a los trabajadores y jubilados

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El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, criticó duramente la restitución de la categoría más baja del Impuesto a las Ganancias, establecida a través del decreto 652/24, argumentando que la medida impacta negativamente en los trabajadores y jubilados, especialmente en las provincias patagónicas.

Aguiar afirmó que "el Impuesto a las Ganancias volvió como un impuesto a los pobres", señalando que la brecha entre el costo de la Canasta Básica y el mínimo no imponible es mínima. Según sus declaraciones, el 16% de la Administración Pública Nacional será alcanzada por este gravamen, afectando también a decenas de miles de trabajadores en la región patagónica.

El dirigente de ATE expresó su descontento con el gobierno de Javier Milei, comentando que "restablecieron Ganancias y el Presidente que se iba a cortar el brazo no se cortó ni una uña". Además, Aguiar destacó que el régimen de recaudación impositiva ha experimentado un retroceso significativo y va en dirección contraria a las tendencias globales, donde se discute la implementación de impuestos a los grandes patrimonios.

Aguiar explicó que, mientras a nivel mundial se buscan mecanismos para gravar a las grandes fortunas, en Argentina se aprueba un paquete fiscal que reduce la carga tributaria para los más ricos y aumenta los impuestos para los trabajadores y jubilados. Este cambio, según Aguiar, representa un desbalance que perjudica a los sectores más vulnerables de la población.

Según un informe de la Junta Interna de ATE en INDEC, una familia necesita $1.362.029 para no ser considerada pobre, mientras que el nuevo régimen establece un mínimo no imponible de $1.494.000 de bolsillo. Esto implica que solo $131.971 separan la línea de pobreza del pago del Impuesto a las Ganancias, lo que refuerza la crítica de Aguiar sobre la carga desproporcionada que recae sobre los trabajadores.

La restitución de este impuesto ha generado un amplio debate y preocupación entre los gremios y trabajadores, que ven en esta medida un retroceso en los derechos y condiciones económicas de los sectores laborales.

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