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La reciente aprobación e implementación de la Ley de Radares en la provincia de Río Negro, publicada el 22 de julio en el Boletín Oficial, generó inquietudes y confusión entre los ciudadanos debido a la nulidad de las multas emitidas a través de radares no autorizados. La Defensora del Pueblo, Adriana Santagati, abordó los aspectos críticos de esta ley y su aplicación.
Santagati expresó su beneplácito por la iniciativa parlamentaria que llevó a la aprobación de esta ley, reconociendo que busca poner orden a un problema persistente en la provincia. Según la Defensora, la ley permite aprovechar un periodo de 90 días para ordenar el funcionamiento de los radares, muchos de los cuales carecían de la habilitación necesaria por parte de la Provincia o la Nación.
La Defensora subrayó que existen diferentes situaciones en la provincia respecto a la radarización. Mencionó casos específicos como el radar de Chimpay, que fue dado de baja debido a irregularidades, y el radar de Darwin, que ha generado más de 1.200 reclamos en seis meses. Santagati destacó que la falta de un juzgado administrativo de faltas adecuado ha contribuido significativamente a la acumulación de problemas, demorando la correcta implementación de las multas y generando incertidumbre entre los ciudadanos.
Otro aspecto crucial mencionado por Santagati es la cuestión de la jurisdicción y la autonomía municipal, citando el caso de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi. La Defensora enfatizó la necesidad de respetar la autonomía municipal según la Constitución provincial, especialmente en lo que respecta a los radares habilitados por la Nación pero ubicados dentro de los ejidos municipales.
Además, Santagati hizo hincapié en la importancia de la reglamentación de la ley, la cual debe abordar todas las problemáticas detectadas, incluidas las notificaciones incorrectas y la imposibilidad de los ciudadanos de defenderse adecuadamente ante las multas. Señaló que la Defensoría del Pueblo trabajo arduamente para actualizar la información disponible para los ciudadanos, incluyendo modelos de notas de descargo y orientaciones sobre cómo proceder ante infracciones.
Finalmente, Santagati instó a que la ley no se convierta en un medio recaudatorio, sino que apoye verdaderamente las políticas preventivas en seguridad vial. A medida que se avance en la reglamentación, la Defensora espera que se garantice el derecho de defensa de las personas y se logre un funcionamiento transparente y eficiente del sistema de radares en la provincia.
Santagati subrayó la necesidad de aprovechar el periodo de 90 días otorgado por la ley para ordenar y regularizar la situación de los radares en Río Negro, garantizando transparencia y respeto a los derechos de los ciudadanos.
26 noviembre 2024
Río Negro