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La comisión directiva de la Asociación Personal de Empleados Legislativos (APEL) puso en duda la legalidad de la asamblea convocada por un sector minoritario del gremio en apoyo al secretario suspendido, Gustavo Morón, y expresó duras críticas hacia la Secretaría de Trabajo, encabezada por María Martha Avilez, por su presunta intervención en el conflicto.
Durante una conferencia de prensa, los representantes de APEL señalaron que la única convocatoria legítima es la programada para el 10 de septiembre, ya que cumple con todos los requisitos legales y formales establecidos por el estatuto del gremio. En contraste, calificaron como inválida la asamblea convocada por el grupo que respalda a Morón, argumentando que carece del respaldo mayoritario necesario dentro de la comisión directiva para su realización.
La controversia se intensificó tras las declaraciones públicas de la Secretaría de Trabajo, que manifestó su intención de enviar veedores a la asamblea impulsada por el sector minoritario. La comisión directiva de APEL criticó esta postura, señalando que históricamente todas las asambleas del gremio han sido supervisadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y que la intervención de Avilez genera una confusión innecesaria entre los afiliados.
El motivo principal de la conferencia fue aclarar la situación para los afiliados, quienes, según los directivos, se encuentran desorientados ante la existencia de dos convocatorias paralelas. La asamblea del 10 de septiembre, insistieron, es la única en la que se discutirá la situación de Morón de manera legítima, brindando a los afiliados la posibilidad de decidir si la suspensión preventiva del secretario se mantiene, se revoca o se sustituye por otra sanción.
Finalmente, la comisión directiva reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad, subrayando que cualquier decisión debe tomarse en un marco regulado por las normativas vigentes y no por maniobras que consideraron fuera de los procedimientos legales.
21 noviembre 2024
Gremiales