En el marco de la investigación por el homicidio de Jhoan de Dios Birke, ocurrido el 17 de noviembre en Villa Regina, dos hombres fueron imputados por el delito de ser partícipes secundarios del crimen, tras haber colaborado en el ocultamiento de evidencia. La Fiscalía los acusa de haber ayudado a un tercero, señalado como el autor material del asesinato, a esconder pruebas del hecho.

El homicidio tuvo lugar alrededor de la 1:30 de la madrugada en la plaza del barrio 25 de Mayo, donde se llevaba a cabo un recital. Según las autoridades, el presunto agresor, actualmente prófugo, discutió con la víctima y le asestó una puñalada mortal en un ataque repentino. Los dos imputados estaban presentes en el lugar y, tras el crimen, participaron en acciones destinadas a ocultar elementos de prueba, como ropa y un cuchillo, que podrían vincular al agresor con el homicidio.

Durante las últimas 24 horas, la investigación avanzó con la realización de cinco allanamientos nocturnos. Como resultado, se incautaron varios objetos, incluyendo prendas de vestir, zapatillas y un cuchillo, algunos de los cuales habían sido lavados o incluso incendiados en un intento de borrar cualquier rastro relacionado con el crimen. Además, se llevaron a cabo entrevistas con testigos, lo que contribuyó al avance en la recolección de pruebas. Se espera que el lunes se realice la autopsia al cuerpo de la víctima, cuyos resultados preliminares serán claves para continuar con la investigación.

La querella, que representa a la familia de la víctima, acordó con la acusación pública los términos de los cargos, mientras que la defensa de los dos imputados, que fueron presentados en una audiencia virtual, cuestionó la calificación legal del hecho, sugiriendo que en lugar de participación secundaria en el homicidio, los acusados deberían ser imputados por encubrimiento.

En la audiencia, la jueza de garantías explicó que los tres hombres, el presunto autor material y los dos imputados, mantenían una relación previa, lo cual podría haber influido en las motivaciones del crimen, que estarían relacionadas con el comercio de estupefacientes. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los imputados, argumentando que existía un riesgo de que pudieran entorpecer el curso de la investigación. La querella apoyó esta medida, aunque con diferencias respecto a la duración de la prisión preventiva. Por su parte, la defensa propuso medidas menos gravosas. Finalmente, la jueza dispuso la prisión preventiva de los acusados por tres meses, a fin de evitar posibles interferencias en el proceso judicial.

La investigación continúa y se espera que en los próximos días se obtengan nuevos elementos para esclarecer completamente los hechos.