Un médico, el Estado provincial y dos aseguradoras deberán indemnizar a los padres de una niña por no haber recibido la información adecuada, clara y suficiente sobre una cirugía de cadera a la que la niña se sometió en un hospital público de Viedma. A pesar de que se descartó la mala praxis tras una pericia clínica, se comprobó que no se brindó el consentimiento informado adecuado y hubo deficiencias en la confección de la historia clínica del paciente.

La niña sufrió una caída de su bicicleta, lo que le causó dolores y dificultades para caminar. Dos semanas después, acudió al hospital de Viedma, donde le diagnosticaron una fractura de cadera. Mientras esperaba la cirugía, la niña sufrió otra caída. La obra social estatal proporcionó un set de tornillos para la intervención, pero se le colocó un tornillo diferente que estaba disponible en el hospital. Posteriormente, al intentar extraer los tornillos, se encontraron con que no contaban con las herramientas adecuadas para realizar la operación.

Después de varios meses, los padres decidieron llevar a la niña al Hospital Garrahan, donde se detectaron limitaciones en su movilidad, dolor persistente y consecuencias psicológicas. La demanda inicial fue por mala praxis, pero la pericia médica descartó esta hipótesis, asegurando que la intervención quirúrgica fue la adecuada para la lesión de la niña.

Sin embargo, el fallo judicial subraya que hubo fallas en el proceso de información y consentimiento. El juez recordó que los profesionales de la salud tienen la obligación de proporcionar información clara y comprensible sobre los procedimientos médicos, sus riesgos y alternativas. En este caso, los consentimientos informados estaban incompletos: no se indicaron adecuadamente fechas, nombres de los médicos intervinientes ni se especificaron las consecuencias de la intervención.

El tribunal también destacó que el cambio de tornillo durante la cirugía no estuvo adecuadamente registrado en la historia clínica. Aunque la pericia médica indicó que el tornillo utilizado era adecuado para el tratamiento, el hecho de que no se informara a los padres sobre el cambio en el material utilizado generó incertidumbre y desconfianza.

Además, el juez determinó que el médico, al ser un agente público, actuó bajo la responsabilidad del Estado provincial, por lo que las consecuencias de su accionar son atribuibles al mismo. También se condenó a las aseguradoras del médico y del Estado a indemnizar a la familia de acuerdo con las pólizas correspondientes.