Un adolescente de 17 años de Cipolletti logró la autorización del Poder Judicial para vender un automóvil registrado a su nombre, amparado en el principio de capacidad progresiva, que permite a las personas menores tomar decisiones patrimoniales con la supervisión de un juez. La resolución fue dictada en el marco de la normativa que protege los bienes de niños, niñas y adolescentes, garantizando que estos recursos sean administrados de manera adecuada y exclusivamente en beneficio de los menores.

El joven solicitó la venta del vehículo con el fin de adquirir otro en mejores condiciones, dado que el automóvil presentaba desperfectos mecánicos y requería costosas reparaciones. Con el respaldo de una abogada particular, presentó toda la documentación necesaria, incluidos los informes de dominio requeridos por la ley para cumplir con los requisitos legales establecidos para este tipo de transacciones.

El tribunal resaltó que los bienes registrados a nombre de menores están especialmente protegidos por la ley, lo que implica que cualquier disposición de estos bienes debe contar con autorización judicial para asegurar que los recursos sean gestionados de manera adecuada. Esta normativa busca evitar que terceros dispongan de los bienes sin el consentimiento judicial, garantizando la protección de los intereses del menor.

El sistema de registro de bienes a nombre de menores actúa como un mecanismo de protección patrimonial, que impide que padres o tutores utilicen esos recursos de manera indebida. La intervención del Poder Judicial en este tipo de situaciones asegura que cualquier decisión patrimonial se tome de manera imparcial y en resguardo del futuro del menor, evaluando que las operaciones sean en beneficio exclusivo del niño o adolescente.

En este caso, el adolescente actuó de forma autónoma, sin la representación de sus padres, y recurrió directamente al Poder Judicial para gestionar la venta de su vehículo. Además, la Defensora de Menores participó para garantizar que el proceso cumpliera con los principios de protección establecidos por la ley. Tras revisar la documentación presentada, el tribunal determinó que la venta del automóvil beneficiaría al joven, bajo la condición de que posteriormente se acreditara la compra de un nuevo vehículo a su nombre.