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La industria pesquera atraviesa un momento crítico en la región, con el cierre de empresas, despidos masivos y una creciente preocupación por el futuro laboral de las y los trabajadores. La empresa pesquera Río Salado es la más reciente en cesar sus operaciones, lo que dejó a decenas de personas sin empleo y sin certezas sobre el pago total de sus indemnizaciones.
Juan Ortiz, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, señaló que la empresa venía registrando incumplimientos en el pago de salarios, aguinaldos y en la registración de sus trabajadores. La situación se agravó en diciembre de 2024, cuando la compañía detuvo su producción por problemas financieros y en febrero de este año comenzó a enviar telegramas de despido. Según Ortiz, la empresa aplicó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que permite reducir el monto de las indemnizaciones en casos de fuerza mayor, medida que fue rechazada por el sindicato.
Desde la organización sindical alertaron que esta situación podría formar parte de una estrategia empresarial para evitar contar con trabajadores efectivos, promoviendo en su lugar el empleo a través de cooperativas. En diversas audiencias en la Secretaría de Trabajo de Viedma, el sindicato manifestó su oposición a este esquema, al considerar que afecta los derechos laborales y fomenta la precarización.
Otro punto de preocupación radica en la distribución de los cupos de pesca. Según Ortiz, la empresa Río Salado afirmó en una audiencia reciente que no posee permisos ni cuotas de captura, aunque el gremio solicitó que se oficialice esta situación ante el Ministerio de Producción para evitar que la compañía continúe operando con otras figuras legales. En paralelo, el sindicato exige que se presenten las declaraciones juradas de diciembre de 2024 a febrero de 2025 para que las y los trabajadores puedan acceder al seguro de desempleo, asignaciones familiares y obra social.
La incertidumbre crece entre los trabajadores del sector, quienes además enfrentan un contexto de dificultades económicas. Actualmente, la provincia otorga una asistencia de 150.000 pesos mensuales a quienes quedaron desempleados, pero desde el sindicato advierten que esta ayuda resulta insuficiente. Ortiz destacó la necesidad de implementar un plan de reactivación pesquera que contemple tanto a las empresas como a los trabajadores, garantizando el empleo formal y evitando el cierre de más plantas.
El panorama en la actividad pesquera sigue siendo complejo. En los últimos años, se han registrado múltiples cierres de empresas, como el de Perla del Este en 2023, que dejó a 70 empleados sin trabajo. Actualmente, en la región quedan operativas pocas plantas, entre ellas la cooperativa 16 de Abril y algunas firmas en Sierra Grande, aunque con dificultades propias del sector. Además, la escasez de recursos en el Golfo, sumada a la baja rentabilidad de especies como la merluza y el langostino, agrava aún más la situación.
Desde el sindicato insisten en la necesidad de que el Estado intervenga con políticas que protejan tanto la actividad como a sus trabajadores. En ese sentido, señalaron que la provincia cuenta con una cuota de captura de 7.000 toneladas de merluza y 5.000 de langostino, lo que podría atraer inversiones si se gestiona de manera estratégica. Sin embargo, advierten que el problema de fondo sigue siendo la falta de un plan pesquero que contemple la estabilidad laboral y el desarrollo sostenible del sector.
13 marzo 2025
Gremiales