Tras la controversia generada por la utilización de tierra proveniente de una cantera clausurada en la calle Torello de San Antonio Oeste, el Municipio difundió los resultados preliminares de los análisis realizados por el Centro de Investigaciones y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (CIQA), dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Según el informe oficial, los valores registrados en las primeras mediciones realizadas sobre los montículos de tierra no superan los límites legales establecidos para zonas urbanas y residenciales.

Las muestras fueron tomadas con tecnología de fluorescencia de rayos X (XRF) y arrojaron un máximo de 48 partes por millón (ppm), una cifra significativamente inferior al umbral de 500 ppm que establece la Ley Nacional 24.051 sobre residuos peligrosos. “Estos primeros datos resultan tranquilizadores y permiten descartar que el material represente un riesgo ambiental significativo”, indicaron desde el Ejecutivo municipal, aunque aclararon que los estudios continuarán para completar la evaluación integral.

La intervención técnica, solicitada por el propio Municipio en el marco de la causa judicial en curso, busca dar respuesta a la preocupación generada en la comunidad por la presunta utilización de material contaminado extraído de un área donde, décadas atrás, se depositaron residuos peligrosos. La situación tomó estado público tras la denuncia del concejal Matías Rodríguez (Cambia Río Negro), quien acusó al Ejecutivo de desobedecer una orden judicial vigente y solicitó el retiro del árido.

La reacción institucional incluyó también la orden de suspender los trabajos en la zona, dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, y una medida cautelar que obliga a preservar el material y remitir informes técnicos detallados. En ese contexto, desde el Municipio señalaron que la continuidad de las tareas —incluido el posible retiro de los montículos— dependerá de lo que determine el juez interviniente.

Las tareas de análisis fueron interrumpidas momentáneamente por razones climáticas y se retomarán cuando mejoren las condiciones, a fin de completar las mediciones en otros sectores donde también se realizó relleno. Mientras tanto, el Ejecutivo local insistió en la importancia de contar con información científica precisa para tomar decisiones fundadas.

En paralelo, continúan las acciones judiciales impulsadas por el edil denunciante, quien sostiene que el accionar del Municipio violó una sentencia firme de la Justicia provincial y expuso a la población a un potencial daño ambiental. Desde la multisectorial que acompaña la causa, también se solicitó la intervención del Defensor General del Poder Judicial.

La situación en la calle Torello sigue generando reclamos por parte de frentistas y vecinos, quienes denuncian falta de señalización y riesgo vial. El caso sigue bajo investigación, en un escenario atravesado por denuncias políticas, cuestionamientos institucionales y la expectativa de que los estudios ambientales permitan esclarecer los alcances reales del hecho.