Por Andrés Alvarenga*
La decisión del Gobierno nacional de suspender la obra pública en pos de alcanzar el “déficit cero” ha generado una profunda preocupación en todo el país, particularmente en la provincia de Río Negro. Esta política de ajuste, basada en un dogmatismo fiscal extremo, ha dejado a provincias enteras en situación de abandono, con consecuencias concretas en la vida diaria de millones de argentinos.
El gobernador rionegrino Alberto Weretilneck lo ha dicho sin eufemismos: la falta de mantenimiento y gestión sobre las rutas nacionales 22 y 151 es inadmisible. Anunció que iniciará acciones legales junto a intendentes del Alto Valle y sectores privados ante la inacción del Estado Nacional. Las rutas en cuestión no solo son vitales para la conexión con Vaca Muerta, la actividad frutícola y el turismo, sino que además representan un factor central de seguridad vial para miles de habitantes que las transitan a diario.
“No hace mantenimiento, no resuelve los contratos que tiene incumplidos y no resuelve los proyectos ejecutivos”, denunció el mandatario rionegrino. La vía judicial aparece hoy como único camino frente a un gobierno que elige desentenderse. La situación no es distinta en otras provincias: gobernadores como Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), entre otros, han manifestado su rechazo al desfinanciamiento de las obras federales. Intendentes de todo el país también levantan la voz: la falta de inversión frena proyectos esenciales, afecta la economía local y deja a las comunidades sin servicios básicos.
El deterioro de las rutas se traduce en más accidentes y muertes evitables. Solo basta mirar los tramos de la Ruta 22 para entender que no se trata de una cuestión técnica, sino de una decisión política: el Estado nacional ha decidido mirar para otro lado, incluso sabiendo que el precio se mide en vidas humanas.
Pero el ajuste no se limita a la infraestructura. El congelamiento de los salarios también es parte deliberada de la estrategia económica del oficialismo. En un artículo anterior advertí que, detrás de la baja de la inflación, el gobierno esconde un costo social alto: sueldos planchados y poder adquisitivo en caída. El Ejecutivo nacional ha definido que los salarios son “un precio más” que debe mantenerse reprimido para consolidar la narrativa de una economía en descenso inflacionario. Por eso, frena las paritarias por encima del 1% y rechaza cualquier mejora salarial que pueda "desalinear" el relato.
Mientras los precios aún siguen subiendo, los trabajadores —tanto del sector público como del privado— ven cómo sus ingresos se estancan o retroceden. La inflación puede estar bajando, pero el costo lo pagan siempre los mismos: los que viajan por rutas rotas para ir a trabajar, los que ven paralizadas las obras en sus escuelas y hospitales, los que hacen malabares cada mes para llegar a fin de mes.
El “déficit cero” no es un símbolo de orden: es una coartada para justificar un ajuste brutal que arrasa con la infraestructura, congela los sueldos y condena al interior del país al abandono. Es una política económica diseñada desde el centro del poder que castiga a las provincias, reprime los salarios y paraliza el desarrollo. No se trata de responsabilidad fiscal. Se trata de irresponsabilidad social, de una renuncia deliberada del Estado a su deber de garantizar una vida digna y segura para todos. Si este modelo no se revierte, no quedarán ni rutas, ni salarios, ni país que sostenga su propio futuro.
*Presidente Partido Igualdad
13 junio 2025
Opinion