La legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) afirmó que “no se puede esperar más para actuar con contundencia ante las violencias que sufrimos las mujeres y las disidencias”, al anunciar la presentación de un proyecto de ley que propone declarar la emergencia pública intercultural en materia de violencia por razones de género en toda la provincia de Río Negro hasta el 31 de diciembre de 2027.

La iniciativa, elaborada junto a las legisladoras Ayelén Spósito (VcT) y Ana Marks (PJ - Nuevo Encuentro), busca fortalecer las políticas públicas provinciales de prevención, atención y reparación integral. El femicidio de Stefanía en Bariloche, ocurrido días atrás, dio un nuevo impulso a la propuesta: la joven fue asesinada por un policía con antecedentes por violencia de género. “Es una muestra dolorosa de la urgencia de que el Estado asuma la gravedad del problema y actúe con medidas estructurales que nos cuiden de verdad”, expresó Marks.

El proyecto establece un conjunto de medidas que abordan tanto la respuesta estatal como la contención comunitaria. Entre ellas, se propone la aplicación efectiva de la ley provincial 4510, la creación de áreas de género en las delegaciones regionales del CODECI, la mejora del funcionamiento de la línea 144, el fortalecimiento de redes sociales y sanitarias junto a organizaciones especializadas, y la puesta en marcha de programas de promotoras y acompañantes comunitarias con remuneración.

También se contempla la construcción y mejora de Casas Refugio, la asignación de ayudas económicas para mujeres y diversidades en situación de emergencia socioeconómica, el acceso a servicios integrales de manera gratuita y eficaz, y la incorporación de una perspectiva intercultural que contemple la diversidad territorial, cultural y social de la provincia.

Una parte importante del proyecto está dedicada al rol de las fuerzas de seguridad. Incluye la creación de Centros Integrales de Género dentro de la Policía de Río Negro, la restricción del uso del arma reglamentaria en casos de denuncias por violencia de género, la elaboración de un registro provincial del personal policial con antecedentes, y la creación de un registro de mujeres y diversidades desaparecidas y de víctimas de femicidios, transfemicidios y transvicidios, con cobertura de los últimos diez años.

Spósito señaló que “este proyecto busca poner en el centro la vida de las mujeres y diversidades, con políticas concretas y presupuesto real, reconociendo además las desigualdades estructurales que atraviesan a nuestras comunidades”. Por su parte, Marks remarcó la necesidad de que el Estado provincial asuma un rol activo ante el desmantelamiento de políticas públicas a nivel nacional: “En este contexto de ajuste, es imprescindible que Río Negro garantice derechos y proteja la vida de quienes estamos en situación de mayor vulnerabilidad”.

Las autoras del proyecto destacaron el carácter intercultural y federal de la iniciativa, lo que implica no sólo el respeto a los derechos de los pueblos originarios, sino también un enfoque integral y territorial. Señalaron la importancia de articular su implementación con el Poder Judicial, el Ministerio Público y los Consejos Locales de la Mujer, para asegurar respuestas efectivas y coordinadas.

El proyecto fue elaborado con el aporte directo de organizaciones sociales, feministas, sindicales y territoriales de toda la provincia. Entre ellas se encuentran la Multisectorial de Mujeres y Disidencias Furilofche Bariloche, la Asamblea Feminista Cinco Saltos, la Campaña por la Emergencia en Violencia contra las Mujeres y Diversidades Río Negro, el Movimiento Evita, la Multisectorial Transfeminista Viedma-Patagones, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Río Negro, y diversas agrupaciones políticas, gremiales y comunitarias.

Odarda concluyó que “este proyecto es el resultado de un trabajo colectivo y de una demanda social sostenida. Es el momento de que el Estado provincial escuche, actúe y asuma con responsabilidad su rol frente a una emergencia que nos atraviesa como sociedad”.