El bloque Vamos con Todos se opuso al proyecto del Poder Ejecutivo que plantea modificaciones en la Ley de Obras Hidroeléctricas, los Sistemas de Riego y el Código de Aguas de Río Negro. Legisladoras del espacio advirtieron que la iniciativa implica una cesión de soberanía sobre un recurso estratégico como el agua y señalaron la ausencia de debate en la Legislatura.

Magdalena Odarda sostuvo que el propio Departamento Provincial de Aguas (DPA) promovió un contrato con Mekorot, empresa estatal israelí, que prevé la transferencia de conocimientos clave sobre el recurso hídrico: “Ese contrato representa una cesión de soberanía”, afirmó. La legisladora remarcó además que el acuerdo no fue discutido en el Parlamento provincial, a pesar de involucrar un bien de dominio público.

En ese sentido, cuestionó que se haya suscripto con una compañía con antecedentes internacionales controvertidos: “La ONU consideró que Mekorot utilizó el agua como arma de guerra en zonas de conflicto. Lejos de fortalecerse la provincia, se entrega a una empresa extranjera información sobre aguas superficiales, subterráneas y glaciares”.

Odarda recordó que en 2010 se le otorgó al empresario Joseph Lewis la utilización del río Escondido para generar energía hidroeléctrica, en lo que definió como “un negocio millonario” que nunca cumplió con las condiciones originales. “En 2017, incluso, se modificaron por decreto los cargos establecidos en esa sesión”, agregó. Para la parlamentaria, tanto ese antecedente como las negociaciones actuales por las represas hidroeléctricas y el convenio con Mekorot son “una muestra más de la entrega del agua a capitales extranjeros que ya concentran tierras en Río Negro equivalentes a seis veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires”.

Por su parte, Ayelén Spósito advirtió sobre la superposición de competencias que generan los cambios legales: “Nuestra provincia sigue quedando con dudas sobre por qué se le agrega una función más a la Secretaría de Energía, que ya depende del DPA, de Edhipsa y de Medio Ambiente. Insistimos en que estos proyectos deben pasar por la Legislatura, sea energía hidroeléctrica o renovable”.

La legisladora también cuestionó el convenio con Mekorot: “No se trata solo de capacitación técnica. El informe al que accedimos demuestra que la empresa extranjera se queda con información intelectual sobre el recurso hídrico. A diferencia de lo que establece el Código de Aguas en su artículo 12, la planificación hidrológica debe ser pública, pero este convenio no lo es”.

Finalmente, ambas legisladoras coincidieron en que Río Negro debe garantizar la defensa de sus recursos hídricos como patrimonio estratégico y no permitir que empresas extranjeras definan su uso ni concentren información sensible que pertenece al conjunto del pueblo rionegrino.