La legisladora Magdalena Odarda presentó un pedido de informes al Consorcio de Riego del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI), dependiente del Gobierno de Río Negro, luego de que pequeños y medianos productores manifestaran dificultades para sostener la actividad debido al aumento en los costos del servicio de riego.

El planteo surgió a partir de los elevados montos del canon, la falta de planes de pago en cuotas para regularizar deudas y los cortes de agua que afectan la continuidad de la producción. Según expusieron productores y la Cooperativa Agrícola de San Javier, también existe un déficit de caudal en algunas zonas, situación que atribuyen a la priorización de determinados emprendimientos en perjuicio de otros sectores.

Odarda señaló que la Ley 200 tuvo como objetivo garantizar el arraigo de las familias chacareras y proteger tanto la tierra como el agua frente a procesos de especulación. En ese sentido, reclamó explicaciones sobre el motivo por el cual se estaría incumpliendo con ese principio a través de la aplicación de costos considerados excesivos y la ausencia de mecanismos que permitan a las y los productores acceder a planes de regularización, como ocurre en otros servicios públicos.

El pedido de informes incluye precisiones sobre el estado del proyecto de modernización del sistema de riego financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la metodología empleada para calcular el canon y los intereses por mora, los fundamentos legales para la interrupción del servicio por falta de pago y las razones de la falta de caudal en la cola de canal. También se solicita información sobre posibles regímenes de moratoria, nuevas tomas de agua, convenios vigentes, porcentaje real de hectáreas regables y participación de empresas externas en el sistema.

Desde el bloque parlamentario se advirtió que la situación genera deudas impagables para quienes sostienen la producción de alimentos en el Valle Inferior. En ese marco, Odarda remarcó que las y los pequeños productores no deben quedar fuera del sistema ni ser empujados a la quiebra, ya que el acceso al agua constituye un derecho y un bien común que debe ser administrado con criterios de equidad.

Con esta presentación, la legisladora busca obtener transparencia en la gestión del riego y asegurar que se preserven las condiciones necesarias para la continuidad de la actividad agrícola en la región.