“Los sueldos son de miseria, la situación económica es muy difícil y necesitamos visibilizar que estamos en crisis. Si nos quedamos dentro de la universidad, la sociedad no se entera, y nada está bien”, expresó Adriana Epulef, secretaria gremial de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Negro (Aturn). Este miércoles, trabajadores y estudiantes marcharán en Viedma, sumándose a la movilización nacional que convocará a diversos sectores frente al Congreso en Buenos Aires.

En la misma línea, Valeria D’Angelo, secretaria de la Asociación Docentes de la Universidad del Comahue, sostuvo: “Estamos frente a una política que gobierna para los sectores dominantes, castigando a los más vulnerables y destruyendo todo lo que tiene que ver con lo público: la educación, la salud y la discapacidad. Estos vetos marcan una política de crueldad”.

Las declaraciones se enmarcan en la reacción de la comunidad académica de Río Negro y Neuquén al nuevo veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Ambas referentes advirtieron que el sistema atraviesa una crisis sin precedentes, con salarios de pobreza para docentes y no docentes, actividades de investigación paralizadas y becas estudiantiles insuficientes para garantizar la continuidad de los estudios.

Epulef destacó que muchos programas de investigación “funcionan con el esfuerzo personal de docentes que ponen dinero de su bolsillo, aun cuando no alcanzan para sostener a sus propias familias”. También señaló que la UNRN, como universidad joven, “costó mucho conseguir y no nos podemos dar el lujo de perderla”.

Por su parte, D’Angelo recordó que el año pasado las universidades fueron protagonistas de las primeras movilizaciones contra el ajuste. “Ese fue el momento en el que logramos que las universidades sigan en pie. Hoy estamos en una situación clave para volver a salir a las calles y defender la universidad pública como un derecho”, afirmó.

Ambas dirigentas confirmaron que se prepara una nueva marcha universitaria nacional, cuya fecha dependerá del tratamiento legislativo del veto presidencial, previsto para mediados de septiembre. “Es el momento de convocar a toda la comunidad a defender derechos conquistados que hoy están en riesgo”, concluyeron.