Legisladores de los bloques Vamos con Todos y Partido Justicialista–Nuevo Encuentro rechazaron el proyecto de ley que propone eliminar el aporte del 2 por mil que actualmente se aplica sobre los juicios patrimoniales del Poder Judicial y que tiene como destino al Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur). Desde la bancada opositora advirtieron que la iniciativa tiene un trasfondo político orientado a debilitar a las organizaciones gremiales que se expresan contra las políticas de ajuste.

Durante el debate legislativo, el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, aseguró que “este proyecto no es técnico ni inocente”, y consideró que se trata de un intento de “disciplinar a los trabajadores” y “desfinanciar a las organizaciones que se plantan frente al ajuste”. En ese sentido, planteó que el sindicato judicial cumple funciones sociales que muchas veces son responsabilidad del Estado, especialmente en lo que refiere a la defensa de derechos de sectores vulnerables.

En sintonía, la legisladora Ana Marks (PJ–NE) planteó que el proyecto no puede leerse como una medida aislada ni neutral. Según su exposición, forma parte de una estrategia más amplia para “disciplinar al sindicalismo” y “romper con el principio de solidaridad”. Sostuvo que la eliminación del aporte no resuelve los problemas estructurales del sistema judicial, y que la discusión sobre el acceso a la justicia no puede reducirse a un costo específico como el 2 por mil.

Leandro García, otro de los legisladores de Fuerza Patria, también cuestionó el enfoque del proyecto, advirtiendo que se mantiene intacta la estructura de privilegios del Poder Judicial mientras se recorta el financiamiento de un sindicato “que ha demostrado sostener servicios esenciales y mejorar condiciones laborales”. Desde su perspectiva, el proyecto se inscribe en una lógica de ajuste que vuelve a impactar en los sectores que menos margen tienen para absorber recortes.

Por su parte, Magdalena Odarda remarcó que la medida representa un retroceso institucional y que vulnera compromisos internacionales suscriptos por el Estado argentino. Mencionó que el proyecto desconoce derechos adquiridos y afecta beneficios que hoy alcanzan a cientos de familias judiciales. La legisladora también señaló que esta modificación legal se produce mientras está vigente una queja presentada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que, en su opinión, agrava el conflicto.

Durante la misma sesión, Luciano Delgado Sempé advirtió sobre el impacto sistemático que están teniendo las reformas legislativas en sectores específicos de la clase trabajadora. Recordó que en sesiones anteriores fueron los docentes y los pequeños comerciantes quienes resultaron afectados, y ahora —indicó— le toca al sector judicial. Según expresó, “siempre se recorta sobre los más débiles”, mientras que no se discuten los beneficios de las altas esferas del Poder Judicial ni los vínculos con los sectores de poder.

Los parlamentarios señalaron además que los fondos actualmente recaudados a través del 2 por mil no sólo se destinan a cuestiones sindicales internas, sino que financian acciones sociales en barrios, comedores, prestaciones de salud y beneficios directos para trabajadores y trabajadoras del sector. La eliminación del aporte, plantearon, implicaría dejar sin cobertura múltiples programas de asistencia.

Finalmente, tanto desde Vamos con Todos como desde PJ–Nuevo Encuentro sostuvieron que esta iniciativa forma parte de una estrategia política que busca debilitar la representación sindical en un contexto de creciente tensión social. En una declaración conjunta, afirmaron: “Defender a los trabajadores es defender al pueblo. Defender la libertad sindical es defender la democracia. Y en esa defensa, siempre nos van a encontrar del mismo lado de la historia”.