El exfiscal de Investigaciones Administrativas y actual dirigente de La Libertad Avanza en Bariloche, Marcelo Ponzone, denunció penalmente a la legisladora del PRO, Gabriela Picotti, por presunta incompatibilidad en el ejercicio de su función pública. Según la presentación realizada ante la Justicia, la parlamentaria habría continuado con su actividad profesional como médica oftalmóloga, algo que la Constitución provincial prohíbe para quienes integran la Legislatura, salvo en los casos de docencia e investigación.

La denuncia fue acompañada por una factura del Centro Quirúrgico del Sur de General Roca, emitida a nombre de Picotti por un monto de 111.320 pesos, en la que se consigna la prestación de un “Oct. bilateral con la Dra. Picotti, Gabriela”. Ponzone sostuvo que este documento demuestra la continuidad de su actividad médica y señaló además que la legisladora figura en la cartilla de profesionales activos, lo que —según su planteo— implicaría un vínculo con el Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS).

“Ese vínculo, de confirmarse, representaría la percepción de ingresos indebidos y un conflicto de intereses con su función pública”, señala el texto presentado por el exfiscal, que además recordó el antecedente del exlegislador peronista Luis Bartorelli, condenado años atrás por una situación similar.

Por su parte, Picotti negó de manera categórica las acusaciones. En declaraciones al diario Río Negro, afirmó que no ejerce su profesión desde que asumió su banca y desconoció la factura presentada como prueba. “No puedo hacerme cargo de una factura que no es mía”, aseguró. La parlamentaria explicó que aún figura en la nómina de prestadores del Colegio Médico por una cuestión administrativa, ya que la baja podría complicar su eventual reinserción laboral al finalizar su mandato.

Más tarde, a través de un comunicado, la legisladora ratificó no tener “ningún tipo de vínculo laboral, contractual ni económico con el IPROSS, ni con ninguna otra obra social, consultorio, clínica o instituto de salud”. Agregó que “es absolutamente falso que haya trabajado o emitido facturación alguna durante el desempeño de mi función pública”.

Ponzone, quien dirigió la Fiscalía de Investigaciones Administrativas entre 2012 y 2018, formalizó la presentación en los tribunales de Bariloche y difundió la denuncia a través de La Libertad Avanza, espacio al que actualmente pertenece. La causa quedó radicada en el fuero penal y se espera que la Justicia evalúe la documentación aportada y determine los pasos a seguir.